La reciente absolución de Maria Ressa de cuatro cargos fiscales, tras cinco años de acoso judicial dirigido por el Estado, representa una rara victoria para la libertad de prensa en Filipinas. Se espera que la noticia señale un nuevo rumbo para el recién elegido presidente Ferdinand Marcos Jr., alejado de las políticas de línea dura del anterior régimen de Rodrigo Duterte.
"Hoy ganan los hechos. Gana la verdad. Gana la justicia", declaró Ressa tras la sentencia, que también absuelve de los cuatro cargos a Rappler, el medio de comunicación que cofundó en 2012.
Los delitos incluían tres cargos por no declarar ingresos imponibles y un cargo de evasión fiscal, todos ellos de 2015. "Los cargos eran políticos: un intento directo de silenciar a una periodista. Pero hoy vemos que se hace justicia", dijo Amal Clooney, una de las abogadas internacionales de Ressa.
Sin embargo, la premio Nobel aún se enfrenta a décadas de prisión. De 23 causas abiertas por el Estado contra ella desde 2018, tres siguen activas. Esta es su situación actual.
Cargo de difamación cibernética
El 15 de junio de 2020, Ressa y su antiguo colega de Rappler, Reynaldo Santos Jr, fueron declarados culpables de difamación cibernética criminal tras corregir un error tipográfico en un artículo. El artículo en cuestión, publicado en mayo de 2012, incluía detalles de presunta corrupción relacionada con el empresario Wilfredo Keng y el ex presidente del Tribunal Supremo Renato Corona.
Los cargos de difamación cibernética se presentaron contra Ressa y Santos Jr. en virtud de la Ley de Prevención de la Ciberdelincuencia, que ni siquiera era una ley al momento de la publicación del artículo original: entró en vigor cuatro meses después. Los fiscales argumentaron que la corrección de la errata —"evation" por "evasión"— en 2014 significaba que efectivamente se había publicado de nuevo.
En julio, el Tribunal de Apelaciones confirmó la condena y también aumentó a seis años, ocho meses y 20 días la pena máxima de prisión por una condena culpable de difamación cibernética. En octubre de 2022, el Tribunal de Apelaciones de Filipinas se negó a reconsiderar la condena penal de Ressa, que presentó su recurso final ante el Tribunal Supremo. Ahora está a la espera del veredicto de esa corte.
Si el Tribunal Supremo confirma la sentencia, la periodista será condenada a un máximo de seis años, ocho meses y 20 días de prisión.
Cargo fiscal
Los cuatro cargos fiscales por los que Ressa acaba de ser absuelta fueron resueltos por el Tribunal de Apelaciones Fiscales. Un quinto cargo de esta índole contra la periodista y Rappler, que es competencia del Tribunal Regional de Primera Instancia de Pasig, sigue pendiente.
La directora ejecutiva y cofundadora de Rappler, Glenda Gloria, también fue procesada por este cargo. La fiscalía está presentando actualmente sus pruebas.
Cargo de propiedad extranjera
En enero de 2018, la Comisión del Mercado de Valores de Filipinas (SEC) revocó la licencia de Rappler para operar, dictaminando que una inversión de la red estadounidense Omidyar Network constituía "propiedad extranjera de un medio de comunicación", una violación de la Constitución.
Rappler y su representación legal argumentaron que el mecanismo utilizado para la inversión —mediante la emisión de recibos de depósito filipinos (PDR)— es utilizado por otras compañías de medios del país y no indica propiedad, ya que no permite al titular opinar sobre la gestión o las operaciones cotidianas.
En marzo de 2019, la fiscalía de Pasig acusó a Ressa y al consejo de administración de Rappler de violar la Ley Antimanipulación y el Código de Valores del país, cargos relacionados con el caso de la SEC mencionado. La policía detuvo a Ressa tres días después. Se declaró inocente en mayo de ese año.
En octubre de 2019, el Tribunal Regional de Primera Instancia de Pasig dictaminó que los fiscales violaron el derecho de Ressa y de los miembros de la junta al debido proceso. En esa misma sentencia, los dos casos —por violar la Ley Antimanipulación y el Código de Valores— se fusionaron en uno.
En junio de 2022, un día antes de que el ex presidente Duterte dejara el cargo, la SEC confirmó su decisión de 2018, ordenando el cierre de Rappler. El medio está solicitando al Tribunal de Apelaciones que dicte una orden de restricción temporal contra la SEC para evitar que aplique su decisión.
Vídeo producido por ICFJ y CineDiaz en el marco del trabajo de la coalición Hold The Line
El panorama general
Durante cuatro años, el gobierno de Duterte presentó una acusación falsa tras otra contra Ressa y Rappler con la intención de abrumarla a ella y a sus colegas desde el ámbito legal, financiero y psicológico. Los líderes autoritarios suelen emplear esta táctica para silenciar las voces críticas.
La absolución de Ressa de un grupo de cargos fiscales ofrece un rayo de esperanza tanto a escala mundial como dentro de Filipinas.
"Esperamos estar viendo el principio del fin de la estrategia del anterior gobierno de instrumentalizar los tribunales para socavar a los medios independientes y dañar la credibilidad de los periodistas", declaró el Comité Directivo de la Coalición Hold The Line, conformada por más de 80 organizaciones internacionales. "Como siguiente paso inmediato, pedimos que se cierren todos los casos pendientes contra Rappler y Ressa y que se ponga fin de una vez por todas a su constante persecución".
El trabajo ya ha comenzado: "El mañana empieza hoy", como le gusta decir a Rappler.
Este artículo es una actualización y continuación de un artículo de julio de 2020 que detalla el acoso legal de Ressa desde 2018.
Imagen tomada del video producido por el ICFJ y CineDiaz.
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