El 15 de junio, un tribunal filipino encontró culpable a la renombrada periodista filipinoamericana Maria Ressa y a su ex colega Reynaldo Santos Jr. de "difamación cibernética".
El fallo, emitido desde una pequeña sala del tribunal en el centro de Manila, ha sido repudiado por periodistas, funcionarios y organizaciones de todo el mundo, y señalado como una acción política y un intento de silenciar el periodismo crítico e independiente en el país. Un colectivo de 78 organizaciones internacionales ha formado la coalición #HoldTheLine, y más de 10.000 personas han firmado una petición pidiendo al gobierno de Filipinas que retire todos los cargos contra Ressa.
"Así es como muere la democracia en el siglo XXI", escribió Sheila Coronel en The Atlantic tras el veredicto. “No hay tomas de poder durante la noche, no hay tanques en las calles ni oficiales uniformados que se hagan cargo de las estaciones de televisión. Solo un goteo constante que erosiona las normas democráticas, la corrupción de las instituciones y las concesiones cobardes de los tomadores de decisiones en tribunales y congresos".
Es solo el último asalto a la libertad de prensa en Filipinas, a la que el presidente Rodrigo Duterte le declaró batalla desde su llegada al poder en 2016.
Como otros mandatarios populistas, Duterte maneja el término "noticias falsas" para deslegitimar el periodismo. En 2016 dijo: "Solo por ser periodista no estás exento de ser asesinado".
A principios de este mes, la Cámara de Representantes de Filipinas, junto con los aliados de Duterte, obligaron a la compañía de transmisión más grande del país, ABS-CBN, a cerrar definitivamente después de no renovar su licencia. Dos años antes, la intensa crítica de Duterte a The Philippine Daily Inquirer, uno de los diarios más grandes del país, llevó a uno de sus aliados a comprar una participación mayoritaria.
Duterte ha atacado repetidamente a Ressa y Rappler, el medio filipino que cofundó en 2012, y donde actualmente trabaja como editora ejecutiva y CEO. La publicación informó de cerca sobre las ejecuciones extrajudiciales y el creciente número de muertos por la sangrienta guerra de Duterte contra las drogas, y sobre los ejércitos de trolls en línea pro-Duterte pagados para manipular la opinión pública. En respuesta, Duterte acusó a la publicación de ser financiada por la CIA, apoyó los ataques al sitio y a la propia Ressa, y prohibió al reportero político de Rappler participar en los eventos presidenciales. En su discurso sobre el Estado de la Unión de 2017, proclamó falsamente que Rappler era "propiedad" de los estadounidenses, un delito constitucional.
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Desde 2017, la administración Duterte ha presentado 12 casos contra Ressa y Rappler. Ocho permanecen activos a día de hoy.
"Están tratando de inmovilizar el periodismo independiente jugando con nuestras cabezas, paralizándonos con miedo y vaciando nuestros bolsillos", dijo Glenda Gloria, cofundadora y editora ejecutiva de Rappler en una entrevista con IJNet.
El miércoles 22 de julio, Ressa reaparecerá en la corte por un cargo penal relacionado con la evasión de impuestos. A continuación te presentamos la información clave que necesitas saber sobre las causas de Ressa ante la justicia de su país.
Casos legales
Se han impuesto cargos de propiedad extranjera ilegal, difamación e infracciones fiscales contra Ressa y Rappler.
Cargos por propiedad extranjera
- Tres casos desde 2018
- Todos activos, dos penales y uno administrativo
En enero de 2018, la Comisión de la Bolsa y Valores (SEC) revocó la licencia de Rappler para operar.
La SEC dictaminó que Rappler estaba violando la Constitución en relación con la propiedad extranjera de compañías de medios de comunicación debido a una inversión de la Red Omidyar, de Estados Unidos. La Comisión argumentó que la naturaleza de la inversión constituía propiedad extranjera, una violación de tales restricciones.
De acuerdo con Rappler y la respuesta legal presentada en su nombre, el mecanismo utilizado para esta inversión, a través de la emisión de recibos de depósito filipinos (PDR), es utilizado por otros medios del país, y no permite que el titular tenga voz en gestión u operaciones cotidianas. Esencialmente, pues, no indica propiedad.
Rappler apeló el veredicto. El Tribunal de Apelaciones ordenó a la SEC revisar su decisión, pero aún no emitió una decisión.
En marzo de 2019, los miembros de la junta de Ressa y Rappler fueron acusados de violar el Código de Regulación de Valores y la Ley Anti Dummy, cargos relacionados con el caso anterior. Otra vez la cuestión fue la propiedad extranjera. Finalmente se presentaron dos casos penales contra Ressa.
Ressa fue arrestada por esos cargos a fines de marzo de 2019 después de bajar de un avión desde San Francisco. Tanto Ressa como los miembros de la junta se declararon inocentes.
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Cargos por difamación
- Tres casos desde 2017
- Dos activos, ambos penales
La condena por difamación cibernética del mes pasado se centró en un error tipográfico de un artículo publicado por Rappler en 2012. El artículo del periodista Reynaldo Santos Jr. expuso una actividad presuntamente corrupta del empresario Wilfredo Keng y el ex presidente de Filipinas, Renato Corona.
Keng presentó cargos de difamación cibernética contra Rappler en 2017, cinco años después de la fecha de publicación de la pieza. En particular, la ley de difamación cibernética entró en vigencia cuatro meses después de la publicación del artículo. Los fiscales argumentaron que la corrección en 2014 del error tipográfico -"evation" a "evasion", en inglés- significó que el artículo se había vuelto a publicar.
Las autoridades arrestaron a Ressa por primera vez en febrero de 2019 en relación con el caso. Ressa y Santos están actualmente bajo fianza en espera de apelación, luego del veredicto de culpabilidad del mes pasado. El caso podrá ser apelado hasta la Corte Suprema.
Mientras Keng interpuso la acción inicial contra Rappler, la Oficina Nacional de Investigación y el Departamento de Justicia convirtieron la denuncia en un cargo penal presentado contra Ressa personalmente.
Recientemente se ha reactivado un segundo caso de difamación contra la periodista, también presentado por Keng y relacionado con un tweet que publicó en 2019.
Un tercer caso de difamación que data de 2017 fue desestimado en 2019. El ex subsecretario de Interior de Filipinas, John Castriciones, acusó a Ressa y periodista Rambo Talabong de difamación.
Cargos fiscales
- Seis casos desde 2018
- Tres activos, dos penales y uno administrativo
La fiscalía argumenta que las inversiones extranjeras de PDR generaron ingresos que Rappler no declaró, y que Ressa y Rappler Holdings Corporation evadieron impuestos y tergiversaron sus declaraciones impositivas.
Todos los temas impositivos están basados en que las autoridades consideran que Rappler cambió la naturaleza de su empresa —Rappler Holdings Corporation— a una de "distribuidor de valores", lo que no es verdad, ya que se trata de un medio de comunicación.
El caso administrativo se encuentra en la Oficina de Impuestos Internos.
Una de las dos causas penales se encuentra en el Tribunal de Apelaciones de Impuestos. Consiste en un cargo de evasión y tres cargos por no proporcionar información correcta. Ressa se declaró inocente.
El segundo caso penal es ante el Tribunal de Primera Instancia de Pasig, ya que la cantidad de dinero en cuestión está por debajo del umbral mínimo para el tribunal de impuestos.
Después de que se emitiera una orden de arresto contra Ressa por el caso, la periodista se entregó en diciembre de 2018, solo una semana antes de su arresto por los otros cargos impositivos mencionados.
Ressa comparecerá ante el Tribunal de Primera Instancia de Pasig por primera vez por este caso el miércoles 22 de julio de 2020.
En la declaración de la coalición #HoldTheLine se pide que se retiren todos estos cargos "sin fundamento".
Qué sigue
Ressa y Santos se enfrentan hasta seis años de prisión si son encontrados culpables en el caso de difamación cibernética. Los ocho casos activos de hoy contra Maria Ressa suponen casi un siglo de prisión.
"Lo que estamos viendo en Filipinas es la aplicación de una serie de leyes que tienen como objetivo atacar el periodismo de investigación y la libertad de prensa", dijo el codirector del equipo legal internacional de Ressa, Caoilfhionn Gallagher. "El periodismo no es un delito, pero en Filipinas una periodista está siendo tratada injustamente como una criminal por un aluvión de leyes y demandas".
A pesar de los desafíos legales que le esperan a Rappler, la publicación continúa creciendo y expandiéndose. La semana pasada lanzaron una nueva plataforma, Lighthouse, que esperan utilizar para inspirar movimientos para el cambio y conectar causas sociales con donantes y organizaciones.
El staff de Rappler está cansado, molesto y con baja moral en medio de los ataques legales, sumado a la caída de ABS-CBN, dijo Gloria. Sin embargo, están motivados para continuar su trabajo. Muchos conciben a Rappler no solo como un medio que no cede sino que lucha por lo que debe lucharse.
El mundo está mirando lo que le sucede a Ressa y Rappler. Como Amal Clooney, la abogada de Ressa, escribió en el Washington Post: "Si Maria es condenada y encerrada por hacer su trabajo, el mensaje a otros periodistas y voces independientes es claro: calla, o serás el próximo".
Taylor Mulcahey es editora de IJNet.
Este artículo es el primero de una serie de artículos en IJNet sobre los casos contra Maria Ressa y Rappler, y cómo se relacionan con la libertad de prensa en todo el mundo.
Imagen cortesía del Centro Internacional para periodistas.
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