El 8 de enero, pocos días después del traspaso de poder al presidente Lula da Silva en Brasil, partidarios del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron en el Tribunal Supremo, las oficinas presidenciales y el poder legislativo del país. Entre sus reivindicaciones, exigían un golpe para desbancar a da Silva de la presidencia.
Los videos de lo que ahora se conoce como la insurrección del 8 de enero son un reflejo fiel del intento de golpe de Estado del 6 de enero de 2020 en Estados Unidos, en el que partidarios del entonces presidente Donald Trump interrumpieron la certificación de las elecciones en un intento de impedir el traspaso pacífico del poder al presidente Joe Biden.
Un mes después de la insurrección del 8 de enero en Brasil, los periodistas del país deben responder a muchas de las mismas preguntas con las que lidiaron sus homólogos en Estados Unidos hace dos años. ¿Cómo se logrará que los instigadores de la insurrección rindan cuentas? ¿Cómo se lucha contra el enorme flujo de desinformación que rodea esos acontecimientos? ¿Cuál es la mejor manera de comunicar a los lectores la gravedad que estos hechos suponen para la democracia?
Hablé con Meg Kelly, videasta del equipo de video forense del Washington Post, y con Ryan Reilly, periodista especializado en justicia de NBC News, quienes cubrieron los sucesos del 6 de enero en Estados Unidos y sus consecuencias, y dan claves para informar sobre el extremismo antidemocrático.
Informar tras la insurrección
Inmediatamente después de la insurrección en Estados Unidos, el equipo de video forense de Kelly en el Washington Post creó una cronología visual de los acontecimientos del día. Utilizaron imágenes publicadas en Internet y tomadas por periodistas en el lugar para secuenciar lo ocurrido, verificando las marcas temporales de los videos disponibles para saber exactamente cuándo irrumpió la gente en el Capitolio y cuánto se acercaron a los legisladores.
En los meses siguientes, Kelly y su equipo pasaron a crear documentación visual de mayor complejidad, como la forma en que las fuerzas de seguridad intentaron contener los disturbios. En una cobertura de seguimiento, Kelly accedió a las comunicaciones policiales del 6 de enero, que revelaron fallas de planificación que permitieron la irrupción en el Capitolio.
En NBC News, Ryan Reilly se ocupó de la respuesta del sistema judicial. "Algo de los primeros días que ha quedado claro, y que yo tendría en cuenta si estuviera investigando lo que pasó en Brasil, es que desconocíamos el alcance total de cuántas personas podía implicar una posible investigación criminal", señala. Por ejemplo, inmediatamente después de la insurrección se calculaba que habían entrado en el Capitolio unas 800 personas, cuando en realidad las cifras superaban las 2.000.
Las cifras en Brasil son aún mayores: solo el día de la insurrección se produjeron, al menos, 1.500 detenciones. Más de dos años después de los eventos en Estados Unidos, solo 950 personas han sido procesadas. En cuanto a las estimaciones, el gobierno brasileño afirma que el número de personas que irrumpieron en edificios gubernamentales rondan los 5.000, frente a los 2.000 que se calcula ingresaron al Capitolio de Estados Unidos.
Tanto Kelly como Reilly destacan también las importantes diferencias entre las insurrecciones del 6 y del 8 de enero. En el caso del 6 de enero, la turba quería detener la certificación de las elecciones; en Brasil, la insurrección se produjo cuando Lula da Silva ya había asumido el poder. La revuelta en Estados Unidos también fue más violenta: la multitud se enzarzó en combates cuerpo a cuerpo con la policía, y finalmente se atribuyeron cinco muertes a la violencia.
Contra la desinformación
La desinformación fue el motor que inspiró el intento de golpe de Estado del 6 de enero en Estados Unidos, y también proliferó en Internet tras la insurrección, en el intento de generar confusión sobre lo que realmente ocurrió. "Lo que llamamos 6 de enero surgió de esas teorías de la conspiración", dice Reilly. "Y ahora hay un montón de teorías conspirativas sobre el propio 6 de enero".
Las acusaciones falsas de que los llamados "actores del Estado profundo", como el FBI, eran responsables y las insinuaciones de que la insurrección fue en realidad organizada por los antifa, fueron comunes en los días y semanas siguientes. La desinformación desvió la culpa de la instigación de los eventos del expresidente Trump y, en cambio, los pintó como una conspiración contra Trump y sus partidarios. En Brasil hay intentos similares, con cadenas de televisión pro-Bolsonaro, como Jovem Pan, que ofrecen tiempo de aire a figuras que difunden información falsa.
Una medida que los periodistas pueden tomar para combatir la desinformación es clasificar a los insurrectos de acuerdo con las acciones que llevaron a cabo ese día. "Nos sentimos cómodos diciendo que las personas que entraron en el Capitolio participaron en la revuelta", señala Kelly. Pero ser más específicos con el lenguaje es igual de importante. "No creo que podamos decir que todas esas personas tenían creencias extremas. Así que solemos decir, por ejemplo, 'un partidario de Trump' o 'persona que considera que hubo fraude electoral'".
Ofrecer pruebas concretas es fundamental para refutar las afirmaciones alimentadas por desinformación, especialmente cuando se comunica a personas que confían poco en los medios de comunicación. "Basarse en pruebas de video con marcas temporales específicas, basarse en fotos que tienen metadatos claros, ser capaz de unir todas esas piezas para entregar evidencias que no sean el recuerdo de alguien o algo que una fuente de inteligencia te dijo", explica Kelly. "He descubierto que utilizar esas pruebas bien concretas puede ser una forma de conectar realmente con la gente".
Rendición de cuentas
Para prevenir futuras acciones antidemocráticas es necesario que los responsables de organizar estas insurrecciones rindan cuentas. Y los periodistas pueden desempeñar un papel clave en ese sentido. "Las fuerzas subyacentes en términos de retórica en redes sociales que pulularon hasta el día anterior al levantamiento son definitivamente algo que sugeriría vigilar", señala Kelly. "En Brasil es importante verificar quiénes fueron los líderes de los diferentes grupos involucrados en llevar adelante la protesta y en algunos de sus momentos más violentos".
Los periodistas también deben investigar el papel desempeñado por las fuerzas del orden y el ejército. Muchos de los manifestantes estadounidenses pertenecían a uno de dos grupos. "Hemos tenido marines en servicio activo que fueron al Capitolio. Hay policías –actuales y retirados– que participaron también", afirma Reilly.
En Brasil, numerosos policías permanecieron impasibles mientras la turba atacaba el Tribunal Supremo y el Congreso. "Eso es algo que me interesaría saber: si la policía restó importancia a la amenaza debido a cuestiones políticas, o si, básicamente, se puso del lado de los manifestantes porque compartía su mismo punto de vista", se pregunta.
Por último, mantener la atención de la opinión pública sobre los riesgos que los organizadores de estas insurrecciones suponen para la democracia es fundamental para evitar lo que Reilly describe como una "rana en agua hirviendo", en la que acontecimientos cada vez más antidemocráticos desaparecen rápidamente de la vista pública. Este es el caso cuando los que tienen menos poder y responsabilidad en esas acciones son los detenidos y juzgados, mientras que los máximos responsables se salen con la suya.
Por ejemplo, la mayoría de los acusados en Estados Unidos fueron declarados culpables de delitos menores, como alteración del orden público. Entretanto las investigaciones sobre los autores intelectuales del levantamiento aún no han dado lugar a ninguna acusación penal.
"Existe la tentación de pasar de página", dice Reilly. "Pero esto también te muestra lo que el poder es capaz de hacer. Las personas que están en la parte inferior del tótem son las que están soportando el peso de las consecuencias de lo que ocurrió ese día".
Imagen de Mateus Campos Felipe en Unsplash.
Lee más artículos de
