En una pandemia que numerosos gobiernos han aprovechado para eludir la transparencia y la rendición de cuentas, el trabajo de los periodistas se ha vuelto todavía más difícil y esencial.
En tales condiciones, la reconocida periodista salvadoreña Cecibel Romero expuso las irregularidades del gobierno en la compra de protectores faciales. Después de publicar su artículo, las autoridades de El Salvador despidieron a un funcionario público y abrieron una investigación sobre los contratos gubernamentales.
Así es como Romero, miembro de Salud con Lupa, el medio independiente fundado por la becaria ICFJ Knight Fabiola Torres, llevó a cabo su investigación.
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Cuando el COVID-19 golpeó por primera vez a El Salvador en 2020, el país estaba atravesando otra gran crisis: la escasez de agua potable, que se había convertido en algo común en los últimos años. El gobierno había distribuido millones de botellas plásticas de agua para abordar el problema.
Después de que voces críticas cuestionaran los daños ambientales de la iniciativa, el gobierno volvió a comprar las botellas usadas y prometió reciclarlas. Cuando el país enfrentó una escasez de equipos de protección para sus trabajadores esenciales al inicio de la pandemia, el gobierno anunció que pondría en acción el plan de reciclaje y distribuiría protectores faciales de plástico.
“Convertir la basura en un producto útil para los trabajadores de primera línea parecía un final feliz”, dijo Romero. Pero sospechaba que la historia no estaba completa.
La periodista decidió buscar al funcionario del gobierno que lideraba el proceso: Jorge Aguilar, presidente del Fondo Ambiental de El Salvador y conocido empresario de la industria del reciclaje. Así se enteró de que los protectores faciales comprados por el gobierno eran fabricados por Insema, la empresa familiar de Aguilar.
A pesar de la suspensión de las solicitudes de acceso a la información pública en El Salvador, Romero había conseguido una serie de informes oficiales presentados a la legislatura del país sobre proveedores, precios y productos relacionados con los protectores faciales. Se sumergió en el tema y habló con expertos en administración pública y adquisiciones, aprovechando la ocasión para capacitar a sus fuentes en seguridad digital. “Hay que invertir tiempo en hacerles ver las ventajas de usar Telegram o Signal en lugar de WhatsApp o Facebook Messenger”, dijo, señalando que muchos temían represalias por compartir información.
Romero también descubrió información útil en las redes sociales utilizando Vicinitas, una herramienta que permite a los usuarios descargar tweets.
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De acuerdo con los abogados entrevistados por Romero, Aguilar probablemente violó no solo la Ley de adquisiciones y contrataciones públicas sino también la Ley de ética gubernamental, que establece que los miembros de la administración no pueden participar en asuntos que puedan presentar un conflicto de intereses. Aguilar reconoció el contrato más tarde, pero dijo que en el momento en que se adjudicó, su hija estaba a cargo de la empresa, no él.
Romero publicó una investigación en la que reveló que al menos US$250.000 de la inversión del gobierno en equipos de protección durante la pandemia se habían destinado a Insema.
El artículo llevó a otros periodistas a iniciar sus propias investigaciones. Uno de ellos encontró la orden de compra que mostraba las cantidades y los precios de los protectores faciales comprados por el gobierno. Romero examinó esos documentos e informó que el equipamiento se había adquirido con un margen de beneficio del 121% por unidad.
Horas después de que Salud con Lupa publicara este segundo artículo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tuiteó que estaba despidiendo a Aguilar. En noviembre, la Fiscalía General de El Salvador allanó varios ministerios como parte de las investigaciones sobre irregularidades en las adquisiciones durante la pandemia, incluido el caso que Romero sacó a la luz.
“Desde el principio quedó claro que la pandemia mostraba todo lo que estaba mal en nuestros países, especialmente con los sistemas de salud”, señaló la periodista.
Fabiola Torres, becaria ICFJ Knight, agregó: “El gobierno salvadoreño ha restringido el acceso a los contratos públicos para evitar la supervisión ciudadana. Así, ha hecho que el trabajo de los periodistas de investigación sea más difícil y más importante aún".
Aldana Vales es directora de programas del Centro Internacional para Periodistas.
Imagen cortesía de Salud con Lupa.
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