Cinco periodistas han sido asesinados en México durante los primeros cinco meses de 2019, una cifra tan trágica como poco sorprendente en uno de los países más letales del mundo para ejercer el oficio. El poder de los cárteles de la droga, la corrupción estatal y policial y un sistema de justicia ineficiente conforman el cóctel que ha convertido a México en un territorio de impunidad para quienes buscan silenciar las voces críticas.
Con el fin de abordar esta situación desesperante, que también se cobra un precio altísimo entre los activistas por los Derechos Humanos, el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón estableció en 2012 el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objetivo de garantizar “la vida, integridad, libertad y seguridad de quienes se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”. El Mecanismo ofrece a activistas, periodistas, medios y ONGs bajo amenaza medidas inmediatas de protección, como escoltas o guardaespaldas, instalación de cámaras de seguridad y suministro de equipos como chalecos antibalas o teléfonos satelitales.
A siete años de la creación del programa, Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por su sigla en inglés) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) publicaron el informe Cambiando el curso de la impunidad. Protección y acceso a la justicia para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México. El documento analiza la trayectoria del Mecanismo desde su establecimiento hasta el año 2018, un período que coincide con el mandato completo del ex presidente Enrique Peña Nieto, cuya administración “se vio empañada por un marcado incremento de la hostilidad hacia las voces críticas y disidentes, y por una manifiesta incapacidad de proteger sus espacios de acción”, dice el informe.
Para reunir datos que dieran un panorama certero acerca de los resultados de la implementación del Mecanismo, se llevaron a cabo entrevistas con víctimas, autoridades mexicanas, organismos nacionales e internacionales de DDHH y miembros del Espacio OSC: un colectivo de organizaciones que representan legalmente a las víctimas y que acompañan casos ante el Mecanismo de Protección. También se presentaron más de 40 solicitudes de acceso a la información a la Procuraduría General de la República y a las fiscalías y procuradurías de los diez estados mexicanos donde el programa ha aceptado el mayor número de solicitudes de protección.
No fue fácil para las autoras Gina Hinojosa, Virry Schaafsma y Maureen Meyer acceder a los datos solicitados. “Pocas fiscalías y procuradurías nos dieron toda la información que pedimos dentro del período de tiempo estipulado en las leyes de transparencia mexicanas”, cuenta a IJNet la asistente de Programas de WOLA, Gina Hinojosa. “Tuvimos que enviar varias solicitudes y hacer varias llamadas para recibir la información. En el caso de Coahuila, la fiscalía estatal no nos proporcionó una respuesta completa en los siete meses transcurridos entre la presentación de nuestra primera solicitud y la publicación del informe. Es por eso que el documento no incluye datos de Coahuila”.
Las autoras se encontraron, además, con que las estadísticas de varias fiscalías y procuradurías no presentaban un registro desglosado de los delitos contra periodistas y activistas, impidiendo así la identificación de patrones y conexiones entre los casos. “Vemos esto como un grave desprecio hacia los altos niveles de violencia que enfrentan los defensores de los derechos humanos en México y un desinterés por parte del gobierno mexicano para entender los riesgos que enfrentan”, dice Hijonosa.
La creación y permanencia del Mecanismo no deja de ser, en sí, una buena noticia. A enero de 2019 había aceptado 644 de las 766 solicitudes de protección recibidas, con un total de 1.144 personas receptoras de alguna forma de protección desde 2012. El panorama general es, sin embargo, desolador: desde agosto de 2017 seis personas beneficiarias del programa han sido asesinadas, y la recién llegada administración de López Obrador ha recortado el ya limitado presupuesto del Mecanismo y, por lo tanto, su capacidad de acción.
Otros hallazgos del informe de WOLA y PBI:
- Las medidas de protección que ofrece el Mecanismo suelen ser insuficientes. No hay protocolos de análisis de riesgo que identifiquen las diferentes necesidades de los periodistas a la hora de otorgar medidas de protección. Estas menudo son poco confiables, no se implementan adecuadamente y no toman en cuenta la realidad sobre el terreno en las diferentes regiones de México.
- El Mecanismo no cuenta con niveles adecuados de personal ni presupuesto. En el Mecanismo hay solamente 35 funcionarios que supervisan la protección de 831 periodistas y activistas. Pese a ello, el presupuesto federal que el Congreso mexicano recortó fondos a la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, lo que significa que probablemente no se contratará personal adicional en 2019.
- La incapacidad del gobierno mexicano para investigar y sancionar las agresiones contra periodistas y activistas ha dejado a esa población vulnerable ante los ataques. Entre 2012 y junio de 2018, solo el 3% de las investigaciones iniciadas por las procuradurías y fiscalías estatales analizadas por WOLA y PBI llegaron a los tribunales.
- Algunas instituciones encargadas de la aplicación de la ley criminalizan el trabajo de los periodistas. El informe revela que en el estado de Chihuahua, por ejemplo, el número de casos en los cuales las autoridades consideraban a los periodistas como presuntos agresores fue más del doble de los casos abiertos por delitos en contra ellos entre 2012 y 2018.
Pocos días antes de la publicación del informe de WOLA y PBI, el gobierno mexicano publicó su propio balance sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección. "El balance resalta muchas de nuestras mismas preocupaciones. Reconoce, por ejemplo, el hecho de que las acciones del programa son reactivas en lugar de proactivas y están diseñadas principalmente para brindar medidas de protección a periodistas y defensores que ya han sido amenazados o atacados", dice Gina Hinojosa. "Si bien es importante que el gobierno admita que el Mecanismo carece de estrategias de prevención para abordar las causas fundamentales de los riesgos que enfrentan periodistas y defensores de los derechos humanos, no brinda una explicación sobre cómo planea resolver esa deficiencia".
El informe de PBI y WOLA hace varias recomendaciones al gobierno. La primera: garantizar que el Mecanismo de Protección cuente con los recursos humanos y financieros necesarios para desempeñar sus funciones adecuadamente. El documento también pone especial énfasis en el trabajo de investigación de fiscalías y procuradurías, y recomienda contar con personal especializado que conozca el reciente protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, implemente mecanismos de supervisión de las investigaciones y genere bases de datos en las que se identifique claramente cuáles crímenes fueron cometidos contra periodistas y activistas.
"Creemos que las procuradurías y fiscalías deben tener registros sistematizados que rastreen la frecuencia y los tipos de delitos que sufren los defensores de los derechos humanos para que puedan determinar posibles patrones y modus operandi comunes", dice Hinojosa. "Esa información no solo ayudaría en las investigaciones, sino que podría compartirse con el Mecanismo de Protección para que sus funcionarios comprendan los riesgos específicos que enfrentan activistas y periodistas en diferentes áreas del país, y así desarrollar mejores estrategias de prevención".
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Imagen principal: Propuesta cívica.
Imagen secundaria con licencia Creative Commons en Flickr, vía Adrián Martínez.