A fines de mayo estallaron protestas multitudinarias en Georgia, después de que el Parlamento del país anulara un veto presidencial con el objetivo de promulgar su nueva Ley de Transparencia de la Influencia Extranjera.
La legislación se conoce comúnmente como la "Ley rusa", debido a que se inspiró en la "ley de agentes extranjeros" rusa de 2012, que exige que las organizaciones involucradas en "actividades políticas" que reciban fondos del extranjero se registren como "agentes extranjeros".
La ley sofocó a los medios de comunicación independientes y el sector civil ruso. Y la nueva legislación de Georgia, que entrará en vigor el 3 de agosto, amenaza con seguir el mismo camino.
De qué trata la "ley rusa" de Georgia
Una vez que entre en vigor, todas las organizaciones de Georgia que reciban más del 20% de sus ingresos anuales del extranjero tendrán un mes para inscribirse en un registro público especialmente creado. Esta base de datos identificará a estas organizaciones como "difusoras de influencia extranjera" o, como las llama el gobierno, "agentes".
La legislación permite a los funcionarios del gobierno inspeccionar las finanzas y los archivos de estas organizaciones, basándose en denuncias anónimas o en órdenes de funcionarios autorizados del Ministerio de Justicia. Durante las inspecciones, las autoridades pueden confiscar cualquier información o material, incluidos los documentos que contengan datos personales de los empleados.
Estas inspecciones estarán permitidas una vez cada seis meses; si se descubre que una entidad no se registró como agente extranjero cuando debería haberlo hecho, la Agencia de Registro Público lo hará por la organización a petición del Ministerio. La organización en cuestión también estará sujeta a una multa de 25.000 lari georgianos (GEL), unos US$9.000.
La no presentación o la negativa a presentar una solicitud de registro a la Agencia, o el incumplimiento del plazo para corregir problemas en la solicitud, dará lugar a una multa de GEL10.000, unos US$3.600. La reincidencia se sancionará con multas de GEL20.000, unos US$7.000.
Cómo se gestó
El partido gobernante de Georgia, Sueño Georgiano, debatió por primera vez esta ley en febrero de 2023. Sin embargo, se echó atrás en ese momento debido al estallido de protestas masivas tras su primera lectura en el Parlamento.
La introducción de la legislación en aquel momento fue recibida también con fuerte desaprobación por parte de los socios occidentales de Georgia. Los gobiernos de la UE y Estados Unidos la condenaron, declarándola un obstáculo para las aspiraciones occidentales de Georgia.
En marzo de 2023, el gobierno de Georgia aseguró a la población que no volvería a presentar el proyecto, promesa que no cumplió. Poco más de un año después, en abril de 2024, Sueño Georgiano comenzó a trabajar en una versión revisada de la ley.
Los ciudadanos volvieron a tomar las calles, en protestas gigantescas que llenaron Tiflis de manifestantes. Esta vez, sin embargo, los líderes de Sueño Georgiano no cedieron. Ni las sanciones personales prometidas por el gobierno estadounidense ni los llamamientos y visitas de funcionarios de la UE los detuvieron.
La Comisión de Venecia, que como órgano consultivo del Consejo de Europa asesora jurídicamente a los Estados miembros de la UE, pidió al gobierno georgiano derogar la ley. En su informe señaló que las "falencias fundamentales de la legislación tendrán importantes consecuencias negativas para las libertades de asociación y expresión, el derecho a la intimidad y el derecho a participar en los asuntos públicos, así como para la prohibición de la discriminación". La ley, continuó, "afectará el debate público abierto e informado, el pluralismo y la democracia".
En respuesta, el Primer Ministro georgiano, Irakli Kobakhidze, calificó a la Comisión de Venecia de "vacilante" y la acusó de abandonar su "dignidad profesional".
La policía, mientras tanto, golpeó y acosó a periodistas que cubrían los disturbios, y enmascarados no identificados también se sumaron a los esfuerzos por silenciar a quienes se opusieron a la ley. Los periodistas han sufrido actos de vandalismo, campañas de difamación y llamadas telefónicas amenazadoras. En sus domicilios se han encontrado con carteles que los tachan de "enemigos de la nación".
En medio de los disturbios, el gobierno ruso expresó su apoyo a la legislación de Sueño Georgiano.
Los medios se preparan
Los periodistas georgianos son muy conscientes del peligro que la nueva ley representa para ellos y para su trabajo.
Nino Zuriashvili, periodista de investigación y fundadora de Studio Monitor, fue una de las primeras en ser atacada: alguien escribió "agente" con pintura roja en su coche, y cerca de su casa y su oficina se colocaron carteles que la etiquetaban como tal.
Zuriashvili está familiarizada con estas medidas represivas, ya que comenzó su carrera en 1999, cuando Georgia estaba gobernada por un régimen no democrático de clanes y permanecía bajo influencia rusa. Tras la promesa anunciada por la Revolución de las Rosas de 2003, que dio lugar a la aprobación de reformas de fortalecimiento institucional en Georgia, el país experimentó un retroceso democrático. En 2012, Studio Monitor sufrió un ataque en el que se robaron y dañaron equipos. El crimen sigue sin investigarse a día de hoy.
Con la aprobación de la "Ley rusa", Zuriashvili ha vuelto a convertirse en objetivo del gobierno, y expresó su angustia por haber sido una de las primeras atacadas: "Su objetivo es que sintamos la presión".
Sin embargo, los medios georgianos no pueden permitirse el lujo de sucumbir al miedo o rendirse, dice. Su organización se ha comprometido a continuar con su trabajo cueste lo que cueste, con el pleno apoyo de todos sus empleados.
"Nos espera un verano complicado. Es difícil siquiera imaginar lo que los autores de esta ley han planeado para nosotros. Pero ponemos nuestra esperanza en el pueblo que lucha por una Georgia europea, y en las organizaciones internacionales, los socios occidentales y los donantes que apoyan nuestra seguridad y nos ayudan en este proceso", dice Zuriashvili. "Veremos cómo nos va".
Se espera que Publika sea otro de los objetivos de la ley. Este medio que informa sobre política, asuntos sociales y otros temas, recibe la mayor parte de su financiación de gobiernos europeos y organizaciones de Occidente.
Lika Zakashvili, que fundó Publika con sus colegas en 2019, condenó la ley por antidemocrática, y no tiene intención de cumplirla. "El Estado tiene ahora herramientas represivas a su disposición, lo que incluye no solo el uso de discursos de odio contra nosotros en redes sociales, sino también cuestiones de seguridad física y psicológica", dice. "Aguantaremos, nos mantendremos firmes, nos negaremos a cumplir esta ley y haremos todo lo posible para impedir su aplicación en este país".
El equipo de Publika se prepara para unos meses difíciles, anticipando que el gobierno les exigirá que se registren en agosto, y los multará si se niegan. "Estamos preparados para eso. Vamos a seguir trabajando hasta las elecciones parlamentarias de octubre y haremos todo lo posible para seguir informando al público", sostiene Zakashvili.
Una ley inconstitucional
La Ley de Transparencia de la Influencia Extranjera contradice el artículo 78 de la Constitución de Georgia, que ordena al gobierno hacer todo lo posible para facilitar la integración del país en la UE y la OTAN.
Mamuka Andguladze, investigadora de la Media Advocacy Coalition, señala que no es posible cumplir la ley porque es inconstitucional y amenaza la integración europea de Georgia.
"Medios y organizaciones de la sociedad civil han dicho abiertamente que no se registrarán. Tenemos previsto utilizar mecanismos legales, como impugnar la ley ante el Tribunal Constitucional y presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", explica Andguladze. "El sector civil y los medios continuarán con sus actividades. Estamos estudiando, investigando y buscando los recursos necesarios para futuras acciones".
La Media Advocacy Coalition ha prometido asistencia jurídica y apoyo a los medios de comunicación afectados por la ley. Y son muchas las organizaciones que han declarado públicamente su negativa a cumplirla. El gobierno se enfrentará al reto de imponer multas a los medios independientes, lo que probablemente creará una importante tensión política de cara a las elecciones parlamentarias de octubre.
Foto de Sheldon Kennedy en Unsplash.
Lee más artículos de
