Las reformas propuestas a las leyes de seguridad nacional de Australia destinadas a frenar las filtraciones del gobierno han aumentado los temores por la libertad de prensa en una de las democracias más abiertas de la región Asia-Pacífico.
El Proyecto de Ley de Enmienda a la Legislación de Seguridad Nacional de 2017, que se produce en medio de una campaña más amplia contra la interferencia y el espionaje extranjeros, convertiría la comunicación o el manejo de información confidencial gubernamental en un delito punible con hasta 20 años de prisión.
Los cambios, revelados silenciosamente por la coalición de centroderecha del primer ministro Malcolm Turnbull en diciembre, implican que la ley cubriría cualquier material obtenido sin autorización a través de un funcionario del gobierno y considerado "inherentemente dañino" o susceptible de dañar "los intereses de Australia".
Extendiéndose más allá de las consideraciones tradicionales de seguridad nacional, la ley se aplicaría a la información que de alguna manera podría dañar las relaciones internacionales o las relaciones entre el gobierno federal y cualquiera de los estados y territorios de Australia.
Penas más duras para quienes filtren información
Aunque a los servidores públicos ya se les prohíbe divulgar información sensible, las reformas introducen sanciones mucho más duras y colocan a cualquiera, incluidos los periodistas, dentro de sus competencias.
La legislación contiene cierta protección a los trabajadores de la prensa, pero solo si el reporteo en cuestión se considera "justo y preciso".
"Esto amplía la categoría tradicional de ofensas contra el Estado: traición, espionaje, instar al derrocamiento de un gobierno, y ahora se incluye en este ámbito el compartir información para minar los intereses de Australia", dice Kieran Hardy, un experto en seguridad nacional y filtraciones de la Universidad Griffith de Queensland.
Defensores de las libertades civiles han condenado rotundamente la presión por un mayor secretismo, advirtiendo el efecto de enfriamiento que la ley tendría sobre potenciales denunciantes.
“En un mundo post-Snowden y Wikileaks, es evidente que la simple catalogación de algo como 'clasificado' no significa que deba quedar automáticamente liberado del escrutinio público", escribió Human Rights Watch en un mensaje al Comité Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, que está examinando la legislación. "Bajo este proyecto de ley, los funcionarios del gobierno pueden sentir la tentación de reclasificar la información con una calificación de seguridad más alta para que no se pueda compartir".
Los medios australianos también se han manifestado en contra de la propuesta. Media Entertainment and Arts Alliance, el principal sindicato de periodistas del país, lo calificó como una "amenaza peligrosa a la libertad de prensa". Actualmente se considera que Australia tiene uno de los entornos comunicacionales más libres de la región Asia-Pacífico: el año pasado, Freedom House clasificó al país como el quinto en libertad de prensa después de Nueva Zelanda y un número de pequeñas naciones insulares del Pacífico.
Sin embargo, en una presentación al parlamento el mes pasado, más de una docena de medios australianos que suelen rivalizar entre sí dieron una rara muestra de unidad para advertir que los cambios legales propuestos suponen que "los periodistas podrían ir a la cárcel por hacer su trabajo".
Desde entonces, grupos internacionales de defensa de la prensa, incluidos Freedom of the Press Foundation y el Comité para la Protección de los Periodistas, se han unido al coro que se opone a los cambios.
Una tradición desde el 11-S
La legislación forma parte de casi cinco docenas de leyes relacionadas con la seguridad nacional introducidas en Australia desde los atentados terroristas del 11 de septiembre que, según los críticos, han hecho cada vez más difícil denunciar posibles delitos.
En 2015, el parlamento aprobó leyes de retención de metadatos a pesar de las advertencias por parte de defensores de la libertad de prensa de que las medidas expondrían a los denunciantes y otras fuentes confidenciales.
Si bien en 2013 se introdujo un esquema de denuncia para funcionarios públicos, alineando a Australia con países como Singapur, Japón y Corea del Sur, la situación actual todavía está lejos de acomodarse a aquellos que se presentan para denunciar irregularidades. Los funcionarios que se convierten en denunciantes, como el ex funcionario de la Oficina de Impuestos de Australia, Ron Shamir, han dicho que hacer públicas sus preocupaciones les ha costado su sustento y cualquier perspectiva de futuro avance profesional.
"El status quo no es nada propicio", dice Hardy. "Se necesita mucho coraje en este entorno para poner tu nombre a una filtración".
Después de que la etapa del comité finalice en marzo, esta legislación contenciosa tendrá que aprobarse tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. El líder de la oposición, Bill Shorten, anunció esta semana que su partido no apoyaría la ley sin una mejor protección para los periodistas, uniéndose a un creciente número de voces escépticas en el parlamento.
Pero a pesar de la controversia, es poco probable que las propuestas consigan poco más que cambios relativamente menores. El gobierno de Turnbull, que tendría que negociar con una bancada caótica en el Senado sin el apoyo del Partido Laborista rival, tiene la historia de su lado.
En las últimas dos décadas, la gran mayoría de las propuestas legislativas en materia de seguridad nacional introducidas por los gobiernos australianos se convirtieron en ley con poca o ninguna revisión.
"Ningún partido político quiere ser considerado blando contra el terrorismo, por lo que tradicionalmente han tenido el apoyo de ambos partidos", dice Hardy. "Hay muy pocos ejemplos de leyes antiterroristas que hayan pasado por el parlamento australiano y que hayan sido enmendadas como resultado de la oposición del Senado".
Este artículo fue publicado originalmente en The Splice Newsroom y es reproducido en IJNet con permiso.
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