El 25 de julio de 2021, tras meses de crisis política, sanitaria y económica en Túnez, el presidente Kaïs Saied suspendió el Parlamento y destituyó al jefe del Gobierno.
Saied se amparó en el artículo 80 de la Constitución tunecina de 2014, que otorga al presidente el poder de tomar "medidas impuestas por el estado de emergencia" en caso de "peligro inminente". Su interpretación del artículo fue muy criticada y expertos cuestionaron la constitucionalidad de sus acciones.
Un año después Saied reforzó su poder con una nueva Constitución, que marcó el regreso de un "sistema presidencial, similar al que tenía el país antes del levantamiento de 2011", de acuerdo con Human Rights Watch. La observación hace referencia al presidente Zine al-Abidine Ben Ali, quien gobernó Túnez durante 24 años y huyó del país tras masivas manifestaciones en enero de 2011.
La libertad de prensa ha disminuido a medida que aumenta el poder del presidente. Entre 2021 y 2022, Túnez pasó del puesto 73 al 94 en la clasificación de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras (RSF). El 30 de noviembre de 2022, el Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT) lanzó una campaña de sensibilización para impugnar "la represión contra los periodistas" y "proteger la libertad de prensa y de opinión".
En este contexto político en el que peligra la democracia, los periodistas se enfrentan a retos cada vez mayores, sorteando restricciones en el acceso a la información, problemas financieros y amenazas a su seguridad y libertad.
Una "fortaleza impenetrable"
"La Presidencia es una fortaleza impenetrable", afirma Thameur Mekki, redactor jefe de Nawaat, una plataforma colectiva fundada en abril de 2004 en un entorno político estrictamente censurado del presidente Ben Ali. Aunque ya había algunas dificultades para acceder a la información en Túnez antes de la elección de Saied en 2019, se ha vuelto aún más difícil bajo su administración, explica Mekki.
Poco después de tomar el poder, por ejemplo, restringió el acceso de los periodistas al Palacio Presidencial y desde entonces ha concedido pocas entrevistas. En su lugar, la oficina del ejecutivo ahora cuenta únicamente con una página de Facebook que publica los discursos oficiales.
La falta de comunicación, sumada a los nuevos poderes de la presidencia, está sofocando el trabajo periodístico. "No es sorpresa", dice Haïfa Mzalouat, redactor jefe de la versión francesa del medio de investigación Inkyfada. "Antes ya era difícil acceder a algunos ministerios. Pero ahora, la voz de la presidencia está muy presente, lo que dificulta aún más el acceso a la información".
Esa falta de acceso también ralentiza la labor informativa de los periodistas. "Debido a estas limitaciones, en lugar de escribir un artículo en dos o tres días, necesitamos dos semanas", dice Mekki.
"Antes, cuando una ley se discutía en el Parlamento, se podían seguir los debates. Hoy, cuando sale un decreto presidencial a las dos de la mañana, ¿cómo sigues?", añade Mzalouat.
El pasado agosto, el SNJT calificó la situación como una "crisis de adquisición de información". De hecho, la vía legal para acceder a la información se respeta con poca frecuencia. Aunque el acceso a la información está codificado por la Ley 22, Mekki ha observado un número creciente de respuestas no contestadas o incompletas a las solicitudes de información.
Financiación bajo riesgo
Nawaat e Inkyfada, como la mayoría de los medios independientes de Túnez, están financiados en parte por organizaciones extranjeras como International Media Support, European Endowment for Democracy y Freedom House.
Sin embargo, en marzo de 2022 se filtró un proyecto de ley relativo a las asociaciones, en el que se mencionaba la prohibición de la financiación extranjera. Saied confirmó más tarde su deseo de prohibir la financiación del exterior, acusando a las asociaciones que la reciben de ser "una extensión de los partidos políticos".
"Sería un gran problema para la prensa independiente de Túnez", advierte Mekki.
Una espada de Damocles
En su informe de 2022, RSF dice que desde 2019, "los periodistas y los medios de comunicación tunecinos se han convertido en el blanco de ataques por parte de los funcionarios electos. Se enfrentan a una avalancha de odio y violencia sin precedentes".
Se han producido casos mensuales de provocaciones contra periodistas y fotoperiodistas, violencia verbal y física, amenazas y "obstáculos al ejercicio de su profesión", de acuerdo con el Centro para la Seguridad en el Trabajo del Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos. El Centro registró 250 agresiones a periodistas entre agosto de 2021 y julio de 2022, lo que supone un aumento de 216 con respecto al año anterior.
Si bien los periodistas de Nawaat no han sufrido agresiones físicas, dos fueron detenidos brevemente en marzo de 2022. Mekki explicó que el hecho ocurrió mientras cubrían una manifestación en el sur de Túnez, en Radès, cuando agentes de policía impidieron a los periodistas filmar.
Se supone que los periodistas tunecinos están protegidos por el Decreto-Ley 115 de Libertad de Prensa. Sin embargo, a menudo son perseguidos por el código penal o por tribunales militares. En agosto, Salah Attia fue condenado por el tribunal militar a tres meses de cárcel, tras declarar en Al Jazeera que Saied había pedido al ejército que cerrara las oficinas del principal sindicato del país, la UGTT.
En septiembre se promulgó en Túnez una ley relativa a la desinformación en Internet. En concreto, el artículo 24 castiga la difusión de "rumores y noticias falsas" con penas de hasta 10 años de cárcel si la "persona objetivo es un funcionario público o similar".
Sin embargo, los términos "rumores" y "fake news" no están definidos en la ley. "Esta ley draconiana pretende disuadir a los periodistas de hacer su trabajo. Pretende crear un clima de miedo y empujar a los profesionales a autocensurarse", declaró en un comunicado Khaled Drareni, representante de RSF en el Norte de África.
El decreto se utilizó por primera vez en noviembre contra Nizar Bahloul, redactor jefe de la web Business News, quien fue citado para ser interrogado por la policía tras publicar un artículo sobre la primera ministra tunecina, Najla Bouden.
"Es una espada de Damocles", describe Mekki. "El decreto-ley es muy pesado para el ejercicio diario del periodismo, hasta el punto de constituir un serio obstáculo para la libertad de prensa".
Los periodistas se preguntan por su papel en tanto el giro autoritario de Saied va en aumento. Desde la suspensión del Parlamento tunecino en 2021, Mzalouat se pregunta "cómo seguir siendo un contrapoder" frente a las tendencias autoritarias.
Tanto Inkyfada como Nawaat se encuentran entre los medios de comunicación independientes que siguen publicando artículos críticos para con el presidente y su administración, a pesar de los riesgos que pueden llegar a correr. "En Nawaat no evitamos ciertos temas por miedo a las represalias, porque la audacia siempre ha formado parte de nuestro ADN", subraya Mekki.
Imagen de Latrach Med Jamil en Unsplash.
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