¿Es posible seguir el dinero de los funcionarios corruptos de un país sin la necesidad de contar con alguien que filtre la información sensible requerida para ello? La respuesta es que sí.
En El Salvador, un grupo de periodistas de los medios Redacción Regional y Focos descubrió que 27 funcionarios y tres primos del primer mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, recibieron US$4,9 millones en ventajosos préstamos hipotecarios desde un banco estatal. Algunos los utilizaron para adquirir mansiones o terrenos en zonas de alta plusvalía. Otros los aprovecharon para comprar su primera vivienda.
Para probar esta historia, que muestra con claridad que una institución benefició con dinero público a personas cercanas a Bukele, no se dependió de una fuente privilegiada que filtrara las evidencias.
Se trató del fruto de un disciplinado método. Uno de los autores fue el periodista Daniel Valencia. Explica que la investigación comenzó a finales de 2022, cuando una fuente los alertó sobre este extraño comportamiento dentro del estatal Banco Hipotecario.
Entonces hicieron un primer barrido en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, del Centro Nacional de Registros (CNR). Es decir, fueron a consultar centenas de páginas de acceso público. Primero, obtuvieron apenas 10 casos.
Luego, comenzaron a sistematizar la información relacionada con todos los funcionarios del Ejecutivo, de la Asamblea Legislativa y de otras instituciones que terminaban su periodo a mediados de 2024. En este segundo proceso, encontraron muchas más veces el nombre del Banco Hipotecario.
“Recolectamos miles de folios de escrituras de compraventa, de hipotecas, de expedientes crediticios”, comentó otro de los autores de la investigación, Jaime Quintanilla, durante la presentación del trabajo en la más reciente Conferencia Latinoamericana de Periodismo (COLPIN). Quintanilla publicó, unos días antes de esa plática, otra investigación, esta vez revelando que Bukele y su círculo íntimo adquirieron 363 hectáreas de terrenos, el 92% de las que poseen en la actualidad, durante el primer mandato del funcionario.
Fue una historia importante, pues pocas veces se llega al patrimonio personal y familiar de quien detenta todo el poder en un país. Y fue posible casi en exclusiva gracias a documentos de acceso libre, disponibles para todo aquel que visite el Centro Nacional de Registros de El Salvador.
Increíblemente, Bukele y su familia hicieron todas estas sospechosas compras utilizando sus nombres, contrariando a la costumbre que habían mantenido antes, donde poseían empresas e inmuebles a través de prestanombres.
Casos como el anterior revelan que es posible realizar el seguimiento del dinero a través de fuentes abiertas y demostrar el sospechoso enriquecimiento de aquel que, antes de llegar al poder, no era tan rico como cuando se apoderó del puesto.
Aprovechar lo disponible
María Fernanda Sojo es una periodista venezolana que ha colaborado para multitud de investigaciones de alto impacto. Y, al ser de ese país, ha tenido que adecuarse a la realidad de opacidad que reina con un tono más marcado desde 2016 en Venezuela, cuando muchas bases de datos que eran de acceso libre, como el Registro Nacional de Contratistas, le fueron vedadas al público.
“Los distintos entes estatales no rinden cuentas desde 2016. No tienes, por ejemplo, acceso a un informe de gestión de cuentas, lo que se asignó para un proyecto y lo que se ejecutó”, comenta.
Sin embargo, esto no ha detenido a Sojo y sus colegas para investigar. La periodista señala que hay que averiguar qué información está disponible y sacarle el máximo provecho. En el caso de Venezuela, están disponibles bases de datos relacionadas con la Seguridad Social. Por tanto, es posible averiguar para qué empresa o institución trabaja una persona. También todas aquellas en las que ha trabajado.
Es posible acceder a información del Tribunal Supremo de Justicia y constatar si una persona tiene un proceso en curso o ha tenido causas contra sí. Las gacetas oficiales, donde se publican, por ejemplo, los nombramientos del Estado, también son de acceso público.
Así, explica Sojo, fue posible comprobar el despropósito de que en el escándalo de PDVSA Cripto (una trama de corrupción en la estatal y en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que se descubrió a inicios de 2023) fuera detenido solo el vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de la empresa pública, Antonio José Pérez Suárez, y no funcionarios de mayor rango. Este era un hombre de confianza del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y del mismo Nicolás Maduro, pues fueron estos los que lo nombraron en multitud de cargos, algo que se comprobó en las gacetas oficiales. El Aissami fue capturado en abril de este año como parte de ese mismo caso.
Sojo también se remite a la información que puede haber de los ciudadanos de un país en otras jurisdicciones. Ella misma ha podido rastrear empresas e inmuebles de venezolanos en los registros públicos de Estados Unidos, España o Panamá.
Y hay, todavía, otra herramienta más poderosa: acceder a un requerimiento de información en el ID del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que puede ser realizado por cualquier periodista o investigador en el mundo. Tal petición es resuelta por el equipo de rastreadores de OCCRP, que tienen al alcance de sus manos, además de los registros públicos de cientos de países, bases de datos filtradas y construidas a lo largo de sus varios años de existencia.
Sojo advierte que, para tener mejores resultados, las consultas deben ser precisas y específicas. Para ello, indica, un periodista puede afinarla con la información pública a su alcance en su país.
Imagen de Vladimir Solomianyi en Unsplash.
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