Hulda Miranda es una periodista de investigación de las Radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, un medio pequeño que se financia con el dinero que reciben las universidades públicas por mandato constitucional.
En medio de la cobertura del COVID-19, Miranda se planteó hacer un análisis con datos anonimizados de cada paciente infectado, pero esa información no estaba siendo facilitada por el Ministerio de Salud costarricense.
“Cuando los casos en Costa Rica no eran tantos, le solicitamos al Ministerio de Salud una base de datos anonimizada con un registro único de cada paciente confirmado, en donde se dieran de manera desagregada los días de hospitalización, factores de riesgo y nexos de contagio. Pretendíamos hacer una serie de análisis que no se podían realizar con los datos que brindó Salud”, dijo Miranda.
El Ministerio de Salud le respondió a la periodista que la institución no podía brindar esa base de datos, debido a la alta demanda de trabajo que la pandemia estaba generando.
“Llevamos el caso ante la Sala Constitucional, argumentando que esa era información pública y además no era un trabajo ajeno al que ya tenía que desarrollar el Ministerio de Salud. La Sala Constitucional nos dio la razón y afirmó que no es válido negar información pública con la excusa de que hay mucho trabajo”, agregó la periodista.
[Lee más: Expertos piden controlar gastos públicos durante la pandemia para evitar la corrupción]
El fallo del tribunal constitucional obligó al Ministerio de Salud a brindar el acceso a la base de datos en un plazo de un mes y a su vez sentó un precedente en una situación atípica, evitando así un portillo que en otros países se abre.
“Este fallo se convierte en un precedente importante para momentos de emergencia nacional. Hoy es una pandemia, pero mañana pueden ser desastres u otros eventos. Con esta jurisprudencia, ese argumento ya no es válido”, afirmó la periodista costarricense.
Suspensión de plazos
En El Salvador la pandemia sí fue motivo suficiente para suspender los plazos de entrega de información, una situación que impidió hacer uso pleno de la Ley de Acceso a la Información Pública.
“Cuando nos niegan datos nosotros apelamos ante el Instituto de Información Pública, que establece una especie de careo entre el demandante y demandado. Con la entrada de la pandemia, Bukele y la Asamblea Legislativa promovieron un decreto que suspendió los plazos administrativos, eso quiere decir que los tiempos dentro de las instituciones dejan de contar por la atención de emergencia. Fue una decisión que afectó y retrasó procesos judiciales”, comentó Gabriel Labrador, periodista de El Faro.
[Lee más: Periodistas salvadoreños denuncian ataques del gobierno y bloqueo de información pública]
La suspensión congeló los plazos de respuestas en El Salvador por tres meses hasta el pasado 11 de junio. Los periodistas de ese país ya han denunciado en el último año una serie de intimidaciones de parte del Poder Ejecutivo y una centralización de la información de la pandemia de parte de la Presidencia.
Sin segunda instancia
La situación más precaria la viven los periodistas nicaragüenses, ante el bloqueo total de la información por el régimen de Daniel Ortega y la falta de independencia de los magistrados.
Guillermo Medrano, coordinador de derechos humanos de la Fundación Violeta Chamorro, asegura que las instituciones, por ley, deben ofrecer una instancia para responder a las preguntas de los ciudadanos o periodistas, pero que eso no se cumple y no hay dónde quejarse.
“Nuestra legislación nos dice que después de 15 días uno puede pasar a la Sala de lo Contencioso Administrativo. Como estamos en una dictadura, acá no existe separación de poderes. Los jueces solo cumplen las instrucciones que da el Poder Ejecutivo. Si se invoca el derecho al acceso a la información a la Corte Suprema de Justicia, los magistrados no se pronuncian”, dijo Medrano.
Ante las restricciones en Nicaragua, los periodistas optan por llevar un conteo de contagios y muertes independiente al que ofrece el Ministerio de Salud de Nicaragua. Se trata del Observatorio Ciudadano COVID-19, un sistema de colaboración interdisciplinaria que difiere de los datos ofrecidos por el gobierno de Ortega.
De acuerdo con Medrano, mientras en países como Costa Rica el Poder Judicial sirve para garantizar el acceso a la información, en Nicaragua se utiliza para perseguir periodistas.
“Desde mayo hemos vivido una etapa de judicialización de los casos de periodistas que por haber emitido una información relativa de estadísticas o casos de COVID-19 han sido citados a los juzgados de su jurisdicción. Se está judicializando a la prensa independiente”, concluyó.
Imagen de la sede de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, cortesía de El Observador de Costa Rica.