Cuando un periodista va a cubrir una protesta en Latinoamérica, sabe que debe ir preparado para protegerse de la represión policial y que muy posiblemente registrará toda clase de vejaciones que, sin evidencia, serían fácilmente negadas. La impunidad de la policía ha sido una constante histórica en los países de la región. No obstante, desde que las tecnologías están cada vez más al alcance de las manos de los ciudadanos, el registro de estos abusos ha permitido que, en ciertos casos, se pueda identificar y sancionar a los responsables.
No es una labor simple. Aunque existen situaciones extraordinarias en que una foto o un clip de video difundido en redes sociales es concluyente, lo usual es que, en medio del caos de los enfrentamientos, la evidencia quede fragmentada o las imágenes sean confusas. Por ello, los periodistas tienen que recolectar distintas piezas e indagar más allá de la información ya difundida.
Tres medios de comunicación sudamericanos abordaron el reto de reconstruir los abusos policiales en manifestaciones de diferentes maneras, logrando importantes hallazgos. En Chile, La Pública empleó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información como su herramienta principal. En Perú, la colaboración de los lectores de IDL-Reporteros fue clave para obtener material inédito y revelador que inculpaba a las fuerzas estatales. Y en Colombia, programas de análisis de imágenes y geolocalización permitieron situar los abusos en el tiempo y espacio exactos. Son tres ejemplos que pueden ser una pauta a seguir para periodistas que quieran investigar estos temas.
Chile
Cuando estallaron las protestas sociales en Chile en octubre de 2019, las periodistas Paulette Desormeaux y Catalina Gaete sintieron que debían complementar la cobertura de la represión policial de los medios tradicionales con su propio enfoque: reportajes cuyo corazón era la información obtenida a través de pedidos de acceso público y datos abiertos. Ellas sabían bien que cualquier información en manos del Estado, en cualquier formato, podía ser entregada a los ciudadanos. Entonces realizaron el pedido de las grabaciones de las cámaras corporales que llevaban los carabineros en las intervenciones, con el rango de días y lugar especificado.
En un inicio les negaron la solicitud con la excusa de que afectaría la privacidad de los manifestantes que aparecían en las grabaciones. Sin embargo, a través de otro pedido de información, las periodistas conocieron que los carabineros tenían un software que permitía difuminar automáticamente el rostro de las personas en los videos. Los carabineros no pudieron seguir obstaculizando la entrega y, un año después, las periodistas obtuvieron el material audiovisual que fue publicado en La Pública, el medio digital que habían lanzado en pandemia.
Fue un caso inédito. Nunca antes en Chile los carabineros habían entregado ese tipo de información. También solicitaron que se les entregase su protocolo de uso de la fuerza. Al contrastarlo con las imágenes, verificaron que los carabineros, efectivamente, habían violado sus propios protocolos al disparar balines en forma directa contra los manifestantes. En el estallido social chileno se registraron a lo menos 460 víctimas de traumas oculares debido principalmente a disparos policiales.
Luego de la publicación de los reportajes, muchos solicitaron los registros audiovisuales de sus propios casos. “Nos escribió una persona a la que los carabineros le habían roto las piernas, y pudo conseguir la evidencia para su caso judicial. Así vemos como el periodismo basado en el acceso a la información puede ayudar a que se satisfaga el derecho a la justicia”, señala Desormeaux.
Perú
En noviembre de 2020, la represión policial en las marchas contra el régimen de Manuel Merino en Perú dejaron cientos de heridos y dos jóvenes fallecidos. La Policía no asumió ninguna responsabilidad y atribuyó rápidamente la culpa de las muertes a los manifestantes. Para esclarecer los hechos, IDL-Reporteros comenzó a recopilar material audiovisual de fuentes abiertas, grabaciones de cámaras de seguridad de entidades públicas y negocios privados cercanos a los lugares de las protestas, y a entrevistar a los jóvenes que habían salido a marchar, para lograr la reconstrucción más certera posible de las muertes.
Analizando la metadata y los fotogramas de los videos, se obtuviern las horas y el recorrido de los últimos minutos de ambos jóvenes. También se ubicó el lugar exacto en el que fueron impactados. Sin embargo, aún se necesitaban registros del momento en el que recibieron los disparos. Luego de la publicación del primer reportaje, el medio de comunicación tomó la decisión de hacer un llamado en redes sociales a los lectores que hayan estado en el mismo lugar y periodo de tiempo que los dos jóvenes en la marcha, para que envíen sus videos y fotos, con el compromiso de mantener en reserva la fuente.
Muchos lectores indicaron que, gracias al reportaje, volvieron a ver su material y se dieron cuenta que habían grabado a uno de los chicos. Otros lectores enviaron sus registros en bruto. El medio recibió cientos de videos. Gracias a esta colaboración, y tras días de análisis, una reconstrucción in situ y un análisis experto, se pudieron publicar otros dos reportajes con información detallada y prácticamente irrebatible sobre los últimos minutos de los jóvenes y cómo los disparos vinieron desde un grupo policial.
Actualmente hay dos investigaciones fiscales por estos hechos. La primera, contra 11 efectivos policiales, avanza ya en fase preparatoria. No obstante, la segunda, contra Merino y otros dos altos funcionarios, está estancada en el Congreso de la República, que debe dar su aprobación para que pueda continuar.
Colombia
La muerte de un joven en un Comando de Atención Inmediata (CAI) de Bogotá, en septiembre del 2020, desencadenó una serie de protestas en distintos lugares de la ciudad. La violenta represión policial dejó 14 personas fallecidas y 75 heridas. Los periodistas de Cerosetenta habían registrado la manifestación en uno de los CAI pero, al volver a la redacción, vieron que en redes sociales se reportaban manifestaciones, enfrentamientos y abusos policiales también en otros puntos. Comenzaron así a recoger más de cien videos y fotos que podían servir de prueba de estas agresiones.
Con la asesoría de Bellingcat, una organización dedicada al análisis de imágenes para la investigación periodística, realizaron un proceso de verificación con herramientas digitales de uso libre. Utilizaron la búsqueda avanzada de Twitter para encontrar videos de fechas claves. También emplearon búsquedas inversas en Google Images y el buscador ruso Yandex para saber si el video había sido publicado anteriormente en otro contexto. Para localizar dónde se tomó la foto o se realizó la grabación, usaron el Google Street View. En algunos casos también usaron SunCalc, una app que permite calcular la sombra de un objeto en determinada hora y lugar. Toda la indagación virtual, además, fue acompañada por reportería de calle.
Mapa de la violencia policial elaborado por Cerosetenta.
Los periodistas terminaron con una tabla de Excel que contenía el material que podía ser usado como evidencia. Forensic Architecture, una organización inglesa que investiga violaciones a derechos humanos usando la tecnología, les compartió un código cartográfico con el que pudieron traducir su base de datos en un mapa interactivo. “El mapa sirvió para mostrar la dimensión del evento y para hallar las historias a trabajar y los casos más violentos. Así nació la serie investigativa del 9S”, cuenta Tania Tapia, editora de Cerosetenta que participó en estos reportajes.
En 2021 volvieron a hacer un trabajo similar en el marco de las manifestaciones de abril y mayo. El reto era mayor: tenían que investigar los abusos en distintas ciudades del país durante meses. Afortunadamente, el equipo ahora se había cuadruplicado. Los hallazgos fueron incluidos en las investigaciones judiciales. “Siento que el trabajo que hemos hecho le ha servido a las víctimas, pero también a la ciudadanía, a tener un sentido de verdad”, explica Tania Tapia.
Los trabajos de Chile, Colombia y Perú, además de un ejemplo de investigación exhaustiva, representan un registro de memoria histórica de los abusos sistemáticos de la policía contra los ciudadanos.
Este artículo pue publicado originalmente en Connectas y es reproducido en IJNet con permiso.