Por publicar investigaciones y dar talleres, periodistas en Nicaragua enfrentan a la justicia

por Luis Fernando Cascante
Jun 29, 2021 en La seguridad del periodista
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“Quien, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella a una persona o a su familia, se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y trescientos a quinientos días multa”.

Así inicia el artículo 30 de la nueva ley de ciberdelitos que se aprobó en Nicaragua a finales de octubre del año anterior, un arma que ha sido utilizada por el gobierno de Daniel Ortega para intimidar al periodismo.

La prensa es el último bastión de independencia que le resta a un país donde el Congreso, el Poder Ejecutivo y el brazo judicial están tomados por el orteguismo.

La nueva ley le ha servido a la Fiscalía para llevar a los estrados judiciales a una decena de periodistas. Uno de los casos más recientes fue el de la periodista María Lilly Delgado, corresponsal de Univisión Noticias, quien impartió una serie de charlas de periodismo a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

 

La periodista impartió talleres de ética periodística y periodismo móvil por medio de una contratación externa. Unos 15 días antes de ser citada, Delgado publicó una investigación titulada “Huellas de impunidad” que recoge una serie de violaciones a los derechos humanos y atropellos a la libertad de prensa en Nicaragua.

Delgado fue llamada a comparecer en la investigación que la Fiscalía armó contra la Fundación Violeta Chamorro por supuesto lavado de dinero, una tesis que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo desmintió.

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La periodista pasó de "testigo" a "investigada" porque según la Fiscalía podría existir un supuesto vínculo entre ella y el mal manejo de los fondos de la Fundación Chamorro, esto pese a que la reportera no trabaja directamente para la organización.

Pese a no dar declaraciones para este artículo, Delgado lamentó que se le interpusiera medidas de restricción.

“Es arbitrario ponerme una restricción migratoria, he dicho hasta la saciedad que soy inocente. Lo único que he hecho es capacitar a periodistas y eso no es un delito. Soy reportera y periodista, he informado y he arriesgado mi vida por informar. Ahora estoy arriesgando mi libertad, estoy aquí en Nicaragua y no me van a silenciar”, le dijo la periodista al colega Wilfredo Miranda, corresponsal de El País.

IJNet intentó hablar con la periodista Delgado, sin embargo, aseguró que prefería no dar declaraciones por recomendación de su abogado y por tener un proceso abierto en su contra.

En este proceso, una decena de periodistas y directores de medios han sido llamados a comparecer para rendir cuentas sobre sus fuentes y las publicaciones que realizan. Miranda fue uno de los llamados a comparecer en calidad de testigo. Consultado al respecto, afirmó que no dará declaraciones, sin embargo, habló con el medio Confidencial al salir del interrogatorio.

“Comenzó a preguntar cuál era mi relación con la Fundación Violeta y le hablé de los premios, de algunas consultorías puntuales que realicé, de las cuales voy a traer mi soporte… pero me sorprendió que hizo un receso, regresó con su celular y comenzó a leer todos mis artículos, comenzó a incriminarme, a decir que yo mentía, que yo estaba faltando a la Ley de Ciberdelitos”, dijo Miranda a Confidencial.

El periodista Eduardo Enríquez, quien fuera jefe de Redacción de La Prensa, también fue citado por su rol de supervisor en los proyectos que el diario presentaba a la Fundación. Enríquez también prefirió no dar su versión de los hechos hasta que el proceso concluya.

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Desde el pasado 28 de mayo, 19 opositores han sido detenidos en Nicaragua. En esa lista figuran cinco aspirantes a la presidencia, entre ellos Cristiana Chamorro, periodista e hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.

Inclusive se detuvo al periodista Miguel Mendoza, un cronista deportivo que hacía críticas al régimen de Ortega desde su cuenta de Twitter.

En los últimos días se han intensificado las medidas en contra de los comunicadores, una de las más recientes fue el allanamiento de la casa de habitación de Carlos Fernando Chamorro, uno de los periodistas más conocidos de ese país y director de Confidencial.

Organizaciones de derechos humanos como el colectivo Nicaragua Nunca + han exigido la liberación de presos políticos y condenaron las obstrucciones a la libertad de prensa.

“Nicaragua lleva más de 38 meses de una sistemática y violenta persecución con graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”, dice Gonzalo Carrión, representante del colectivo.

Carrión alega que se están fabricando casos ficticios e inconstitucionales a periodistas. “La Fiscalía no ha llevado ninguna acusación de los crímenes contra el pueblo, pero para criminalizar al periodismo sí tiene tiempo”, comentó.


Imagen con licencia Creative Commons en Flickr, vía Jorge Mejía Peralta: manifestación en 2018, en contra de la represión del gobierno de Ortega.