Siete meses después de haber sido declarada pandemia, el coronavirus sigue siendo un reto para el periodismo mundial, no solo por la lucha contra la desinformación que ha provocado, sino por lo complejo de acceder a datos, cifras e historias en muchos lugares.
Bajo acusaciones de publicar “información falsa o sensible” reporteros han sido amenazados, demandados e incluso detenidos al investigar y difundir casos de COVID-19 en varios países de Latinoamérica y también del resto del mundo.
La Unión Nacional de Periodistas de las Filipinas expresó en marzo su preocupación ante la ley especial promulgada por el gobierno de Rodrigo Duterte durante el Estado de Emergencia pues ésta “criminaliza la libertad de expresión”.
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Lo mismo sucedió en Cuba donde, alegando un incumplimiento al Decreto-Ley 370, regulador de la libertad de expresión, la periodista Mónica Baró tuvo que pagar una multa de casi 120 dólares y ser sometida a un interrogatorio en La Habana por unas publicaciones realizadas en redes sociales. "Estaba ahí por ser periodista. El interrogatorio está pensado para que la gente sienta miedo”, contó a la agencia española EFE.
Luchar contra la incertidumbre
En opinión de Andrés Cañizalez, periodista venezolano, docente y activista por la libertad de expresión, “estas arbitrariedades no están relacionadas con el COVID-19, sino con los sistemas autoritarios, populistas y restrictivos que ya existen en esos países”, pues tienen una visión limitante del papel y del trabajo de la prensa.
Pese a la crisis generalizada que vive el periodismo (especialmente la prensa escrita), como consecuencia de la persecución, hostigamiento, la falta de recursos y la búsqueda de un modelo de negocio sostenible, el coronavirus ha reivindicado el periodismo y la necesidad de que los periodistas hagan su trabajo, porque también se han potenciado de forma sustantiva las noticias falsas (fake news), enfatizó Cañizalez.
“Es un momento en el cual buena parte de la energía del periodismo no solamente tiene que estar orientada a la investigación de aquello que el poder quiere ocultar o reflejar lo que dice la fuente, sino que también es un momento para que la prensa coloque de forma prioritaria en su agenda el tema de desmentir información falsa”, señaló el activista.
Respaldar a quienes informan
Organizaciones No Gubernamentales como Amnistía Internacional y defensoras de los derechos humanos han pedido a los gobiernos no interferir con el trabajo de los periodistas, porque limitar el acceso a la información representa un riesgo para la sociedad, incluso más en medio de la pandemia.
"Algunos Estados han usado el brote del coronavirus como pretexto para restringir la información y sofocar las críticas. No es el momento de culpar al mensajero”, dijo en abril la expresidenta chilena y actual alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La información pública debe protegerse
“Ocultar información hace que la ciudadanía no tome conciencia y luego tendremos más afectados, además el tema económico toma un papel importante pues también tapan datos del dinero utilizado para gestionar la crisis de salud”, explicó Narcisa Medranda, investigadora especialista en transparencia e información pública y directora de la carrera de comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana en Quito.
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Medranda afirmó que en casi todos los países de América Latina existen leyes de transparencia y derecho a la información pública que “son muy buenas en cuanto a estructura y propósito, pero a la hora de su cumplimiento quedamos muy atrás.”
La investigadora aseguró que es fundamental que los periodistas y trabajadores de la prensa conozcan sus derechos y no olviden el rol que les corresponde: “estar de lado de la ciudadanía.” También invitó a ver el periodismo como una disciplina donde actualmente confluyen temas legales, estadísticos y tecnológicos, por lo que hay que formarse e incluso especializarse en esas áreas.
Imagen con licencia Creative Commons en Unsplash, vía John Salvino.