En plena campaña electoral en Ecuador asesinaron al candidato a presidente Fernando Villavicencio. El 9 de agosto el político recibió cerca de 40 balazos mientras salía de un acto de campaña en Quito y estaba rodeado de escoltas. Era periodista de profesión, tenía 59 años y llevó adelante una lucha acérrima contra la corrupción.
El presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción en todo el país, y la alarma social contra la violencia, la inseguridad y el narcotráfico se disparó. En un reciente encuentro virtual entre especialistas ecuatorianos del Foro de Crisis Mundiales, se compartieron algunas claves para entender la crisis política y social que vive Ecuador y el contexto del asesinato de Villavicencio.
La moderadora Talhíe Ponce, periodista ecuatoriana y directora de Indómita Media, empezó con un dato duro: en lo que va del año 2023 cinco periodistas se han exiliado del país por amenazas de muerte. Además, el candidato asesinado era periodista, lo que para ella “no es casualidad”. Y fue en las elecciones pasadas, por primera vez, que Ponce vio a algunos de sus colegas hacer cobertura con chalecos antibalas para resguardar su seguridad.
Sin embargo, para Yalilé Loaiza, corresponsal de Infobae en Ecuador, “la gran bandera roja” en el periodismo ecuatoriano ocurrió en el 2018 con el secuestro y asesinato de los tres periodistas del diario El Comercio de Ecuador en la frontera con Colombia: Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. “Que el caso se mantenga impune hace cinco años da un estado gravísimo a la libertad de presión y de prensa en Ecuador”, agregó Loaiza.
Según ella, “hay un gran mensaje de impunidad: si atacamos a un periodista, si lo matamos, si lo secuestramos, si lo agredimos en redes sociales y no sucede absolutamente nada, podemos hacer eso con ese y con todos los demás”. El asesinato de los periodistas de El Comercio, para Loaiza, fue “la alerta de que las instituciones están siendo corrompidas por un fenómeno que no habíamos visto como la impunidad, y la protección al crimen organizado y al narcotráfico”.
Para entender mejor la situación, Pedro Donoso, abogado y director del gabinete de comunicación estratégica y análisis político ICARE, explicó algunas características de la profunda crisis generalizada que vive Ecuador y el desgaste de sus instituciones. Según él, “hay un rompimiento del tejido social que viene desde antes de la pandemia, con efectos evidentes en el humor social”.
También dijo que desde 2022 hay tres grandes preocupaciones a nivel colectivo: 9 de cada 10 ecuatorianos son pesimistas del presente, solo 2 de cada 10 ecuatorianos confían en el Estado y sus instituciones, y solo 4 de cada 10 lo hacen en otras personas (confianza interpersonal). Eso, según Donoso, es una “ecuación perfecta para la violencia”.
En este escenario, los especialistas coincidieron en que el mapa político y social de Ecuador está cambiando de forma vertiginosa y que aún es difícil comprender hacia dónde va. A esto Donoso le sumó que “hay una guerra entre instituciones”, y cuando “hay un deterioro institucional, el orden no constituido empieza a avanzar”.
En cuanto a la seguridad de los periodistas en Ecuador, Ponce compartió datos que arrojó recientemente la Fundación Periodistas Sin Cadenas: en lo que va de 2023, 188 periodistas han recibido agresiones y ha habido 13 amenazas de muerte. La docente e investigadora Ana Paulina Escobar también consideró que la crisis en Ecuador no empezó hace dos años, sino hace por lo menos 20 años.
“Las crisis han estado asentadas en conflictos sociales, y a partir de la pandemia se sumó la crisis sanitaria; también están las catástrofes naturales. A la cobertura de la crisis social y política, se le suma la delincuencia organizada y el narcotráfico. Y los periodistas se enfrentan permanentemente a estos hechos”, dijo Escobar.
Junto con este panorama, según la investigadora, hay que tener en cuenta “las dificultades de acceso a la información” por parte de los periodistas, que ha generado desconfianza en las fuentes de información. Pero también la desconfianza y los descalificativos hacia la prensa, que van desde amenazas verbales, hasta amenazas físicas y de muerte. Las consecuencias van desde la autoncensura de los periodistas, hasta el exilio o el retiro de la profesión.
Escobar hizo hincapié en que los gremios periodísticos en Ecuador “no tienen fuerza y no son un respaldo para el ejercicio del periodismo”. A su vez, hay una ausencia de políticas públicas con respecto a la seguridad de periodistas y una ausencia de protocolos de protección por parte de los medios. También existe “un desconocimiento del rol de los periodistas, esto a causa de la desconfianza que se ha ido contagiando desde las instituciones de poder hacia espacios académicos y sociales”.
Para pensar cómo hacerle frente a la situación actual de seguridad que enfrentan los periodistas en Ecuador, Escobar compartió algunas pautas a tener en cuenta. Según ella, debe haber más compromiso por parte de los medios, del Estado y de los gremios con la seguridad de los periodistas a la hora de ejercer la profesión. “Hay que crear conciencia del rol importante que cumplen los medios de comunicación y los periodistas. Quizás no es tiempo de llevar y mostrar el carnet de periodista en las coberturas porque eso te hace un blanco”.
La investigadora también consideró que “los periodistas deberían integrar en su rutina de cobertura esos protocolos de seguridad, pensar de manera planificada, hasta pensar en seguros de vida”. En otro sentido, Escobar mencionó que podría ser importante para los medios “pensar en alternativas editoriales” y en hacer “periodismo colaborativo”. Por eso dijo: “Se pueden integrar tres tipos de periodismo colaborativo: la alianza entre medios tradicionales y medios nativos digitales; la alianza entre periodistas que estén fijos en medios y periodistas freelance; y el periodismo trasfronterizo”.
Puedes ver el seminario online completo aquí:
Imagen de Yamil Salinas Martínez con licencia Creative Commons en Flickr.
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