Al anunciar el 7 de enero de 2024 la culminación de su programa de fact-checking en Estados Unidos y su intención de “deshacerse” de los verificadores, Mark Zuckerberg, CEO de Meta y uno de los hombres más ricos del planeta, le dispensó a los periodistas el mismo trato que suelen recibir por parte de los desinformadores. Omitiendo que su propia empresa lanzó el programa Third Party Fact Checking para salvar su reputación tras el escándalo de Cambridge Analytica y las denuncias de injerencia rusa a través de Facebook durante el proceso electoral de 2016, un Zuckerberg cuidadosamente preocupado trató de “censores” a quienes han trabajado para limpiar sus plataformas en los últimos nueve años y los culpó de socavar la confianza pública en ellas.
Para quienes hemos sido fact-checkers bajo asociaciones con Meta, la medida no es del todo sorprendente. En agosto de 2024, Zuckerberg se lamentó en una carta al republicano Jim Jordan, presidente del comité judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de haber “cedido” a las presiones de la administración de Joe Biden durante la pandemia para “censurar” contenidos virales en Facebook e Instagram. El CEO no especificó a qué contenidos hacía referencia, pero quienes nos adentrábamos a diario en las tripas más tóxicas de sus redes sociales sabemos que nuestras verificaciones se limitaron a minimizar la viralización de videos que incitaban a tomar cloro para curar el COVID-19 o a no vacunarse bajo riesgo de volverse infértil o desarrollar mutaciones genéticas.
Pero hubo más señales. En los meses de 2020, cargados de incertidumbre y rumores, los verificadores no teníamos dificultad para encontrar contenidos desinformativos y potencialmente dañinos que explotaban de shares: la propia empresa nos facilitaba buscadores internos efectivos en los que podíamos vislumbrar, casi en tiempo real, la evolución de posteos diseñados para mentir y manipular. Una vez elegido el contenido, se procedía a verificarlo con al menos dos fuentes expertas y una serie de requisitos delineados por la Red Internacional de Fact-Checking (IFCN).
Ya en 2022 esas herramientas no eran ni la sombra de lo que habían sido. Donde antes encontrábamos desinformación cada vez más teñida de discursos de odio, pronto lo único visible eran promociones de productos contra la caída del cabello o suplementos dietéticos. La plataforma parecía estar diseñando activamente barreras que dificultaban nuestra capacidad para cumplir con el servicio de fact-checking para el que nos había convocado —y por el que pagaba. Pero aún teníamos CrowdTangle: una herramienta externa y estupenda de monitoreo, no solo utilizada por verificadores, sino por medios, activistas e investigadores cuyo trabajo se nutría de la escucha social. Facebook había adquirido esta herramienta en 2016 y decidió matarla en agosto de 2024.
El fin de las intenciones
Lo que Zuckerberg ha descrito como “censura” son esfuerzos de sus socios verificadores (medios como PolitiFact, AFP, Chequeado, Aos Fatos, Reuters, Correctiv, Maldita.es, Africa Check, AP y un largo etcétera) por explicar que el HIV sí existe, que el cambio climático es un hecho, y que la fotografía de Vladimir Putin arrodillado ante Xi Jing Ping fue creada con inteligencia artificial. Estos socios no eliminan contenido de las plataformas de Meta: colocan avisos a las publicaciones alertando que contienen información falsa o engañosa, acción que inmediatamente limita su viralización. Lo que ocurre de ahí en más es decisión del gigante tecnológico: puede suspender al desinformador del privilegio de postear durante algunos días, dar de baja su cuenta por completo, o no tomar ninguna acción.
El programa Third Party Fact-Checking no es perfecto. La desinformación se comparte muchas veces de manera inocente. Hay información falaz que no es dañina y hay información errónea que no merece recibir el mismo trato que el contenido falso diseñado para engañar, manipular y de paso ganar clics y dinero. Además el sistema de apelación ofrecido por la compañía, que permite revertir una calificación de “falso” o “parcialmente falso”, es complicado y poco intuitivo, lo que puede dejar a los usuarios que desean hacer un reclamo en una posición de impotencia.
Y también está el asunto de los políticos: Meta no permite la verificación directa de afirmaciones o discursos de funcionarios políticos, por lo que sus publicaciones en Facebook, Instagram o Threads, que suelen tener una tracción enorme, no pueden recibir etiquetas de advertencia aunque digan cosas disparatadas y polarizantes, como que el sueldo mínimo en Argentina es de US$1.100 (es menor a US$300), o que hay países que “vacían sus cárceles e instituciones mentales” en Estados Unidos, por no mencionar permisos más flagrantes y largamente denunciados, como la carta blanca que Facebook dio al expresidente filipino Rodrigo Duterte para justificar con un torrente de mentiras su asesina campaña contra el narcotráfico.
Con todas sus falencias y si bien insuficiente, el programa de fact-checking de Meta era la única contención contra la desinformación dentro de sus plataformas, y mostraba una intención por parte de la empresa de reconocer y resolver el problema. Ahora, en cambio, lo que parece reconocer es que la desinformación es parte de su modelo de negocio, a las puertas de una administración estadounidense para la que es parte (fundamental) de su estrategia política. Las notas de la comunidad que la compañía, emulando al X de Elon Musk, busca establecer como un supuesto mecanismo para “preservar” la libertad de expresión, completan un combo virulento con otro anuncio de Zuckerberg destinado a apaciguar a los conservadores más radicales: el de eliminar “restricciones sobre temas como la inmigración y el género”, lo que disparará una intensidad renovada en los discursos de odio que, por lo demás ya se mueven campantes por sus redes sociales.
Las medidas del CEO abarcan, de momento, las operaciones de fact-checking en Estados Unidos, pero nadie se ilusiona con que no se extienda más allá (él mismo dijo que su país era solo el comienzo). Este panorama, en el que nuevamente se intenta culpar al periodismo de coartar libertades públicas, debería ser una oportunidad para que el oficio de la verificación se replantee relaciones menos dependientes de la Big Tech, que cada vez con más frecuencia utiliza el argumento de la libertad de expresión como un medio para sus propios intereses, y que hará lo que sea para acaparar el pastel del inmenso poder político que está amasando.
Imagen principal: calificación de información falsa en Instagram bajo el programa Third Party Fact Checking.
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