Los periodistas universitarios de Estados Unidos están cada vez más en el ojo público.
Se los ha reconocido por cubrir temas importantes en campus y comunidades de todo el país, y se los considera parte de la respuesta a la crisis de los medios locales. Pero también han enfrentado reacciones en contra, censura, desvinculación y otras acciones contra la libertad de prensa en una magnitud sin precedentes. En 2024, los estudiantes representaron el 21% de todos los periodistas arrestados o detenidos en Estados Unidos.
A medida que aumenta la importancia del trabajo de los estudiantes de periodismo, los periodistas en actividad se ven obligados a cubrir la información de esas versiones más jóvenes de sí mismos. Para ayudarlos a comprender los principios en juego mientras lo hacen, y para ayudar a padres y a los miembros de la comunidad a reconocer el papel vital que desempeñan los estudiantes de periodismo, hay algunas cosas a tener en cuenta.
Sí, los periodistas estudiantiles son periodistas
En el ciclo 2023-2024, más de 25 millones de lectores en Estados Unidos recibieron noticias a través de trabajos de estudiantes de periodismo publicados en medios establecidos. Muchos más reciben noticias a través de medios estudiantiles en universidades y escuelas secundarias. Los estudiantes de periodismo llenan vacíos informativos cubriendo legislaturas, consejos escolares y elecciones locales y estatales. También documentan casos de acoso sexual en sus campus, informan sobre la salud mental de los estudiantes y los suicidios de adolescentes, cubren los problemas a los que se enfrentan los estudiantes transexuales y revelan extorsiones a estudiantes en las redes sociales. También han retransmitido en directo por Twitter (ahora X) tiroteos en instituciones educativas Sus investigaciones han derribado a presidentes de universidades, entrenadores de fútbol y jefes de policía.
Cuanto más sólido, más polémica generará
De los aproximadamente 200 casos de censura de los que se informa anualmente al Student Press Law Center, prácticamente ninguno involucra a estudiantes que quieran soltar insultos o abogar por "sexo, drogas y rock and roll". En cambio, la censura administrativa persigue el periodismo estudiantil que podría "hacer quedar mal a la institución", o que expone —o incluso sugiere— que el establecimiento o su administración necesitan mejoras.
Igualmente peligroso para los alumnos: informar sobre temas que las autoridades no quieren debatir, pero que los estudiantes experimentan y, por tanto, están especialmente cualificados para abordar. Esto incluye las opiniones sobre controversias políticas o internacionales, así como temas de salud mental, identidad de género, acoso sexual y violencia armada en el campus.
El director no es el editor
Algunos periodistas profesionales suponen erróneamente que la situación de los estudiantes es similar a su propia relación con sus empleadores. Sin embargo, en las instituciones públicas, los empleados son funcionarios del gobierno y, por lo tanto, están limitados por la Primera Enmienda de una manera en que un editor privado no está.
El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos Abe Fortas escribió en el caso histórico Tinker v. Des Moines de 1969: "Difícilmente se puede argumentar que los estudiantes o los maestros renuncian a sus derechos constitucionales de libertad de expresión o de palabra al llegar a las puertas de la escuela". Pocos pensarían que sería constitucional —o incluso una buena pedagogía— que el distrito escolar prohíba a los estudiantes escribir sobre la motivación de Hamlet, debatir sobre si el voto debería ser obligatorio o investigar las causas de la Primera Guerra Mundial.
Sin embargo, cuando los periodistas estudiantiles informan sobre temas contemporáneos, estos mismos derechos pueden desaparecer. Las administraciones prohíben con frecuencia que los estudiantes escriban, debatan e investiguen temas que consideran controvertidos. Cuando erróneamente confundimos la administración con una publicación privada, opacamos temas importantes en juego.
En algunos estados, los estudiantes de periodismo tienen derechos más claros y amplios gracias al movimiento New Voices
El caso Hazelwood v. Kuhlmeier de 1988, que permitió a los administradores de instituciones educativas censurar los medios patrocinados por estas cuando la censura estuviera "razonablemente relacionada con preocupaciones pedagógicas legítimas", tuvo un impacto significativo en el periodismo estudiantil. En respuesta a esta decisión, varios estados adoptaron las llamadas leyes "New Voices", que restauran la protección de la norma Tinker v. Des Moines y aseguran que los editores estudiantiles, y no los administradores, determinen el contenido de los medios, con algunas excepciones limitadas.
Hasta ahora, 18 estados —más de un tercio— y muchos distritos educativos han aprobado leyes y políticas de New Voices, por considerar que la norma Hazelwood habilita demasiada censura. Como mínimo, estas leyes protegen a los estudiantes de periodismo de las instituciones públicos, pero algunas también extienden la protección a sus asesores, a los centros privados o al nivel universitario.
La versión original de este artículo fue pubicada en Poynter y se editó y tradujo en IJNet con permiso.
Foto vía Pexels por Keira Burton.