La mañana del 9 de mayo, la periodista salvadoreña Loida Avelar, de la Revista Fáctum, fue retenida por militares junto a dos colegas extranjeros cuando intentaban grabar una toma, a cuatro kilómetros de la fachada del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel construida por el gobierno de Nayib Bukele.
Aunque no accedieron a las instalaciones ni recibieron respuesta a la solicitud de ingreso, fueron interceptados por siete soldados que exigieron el borrado del material periodístico. "Me paré firme frente a los militares y les dije que no íbamos a borrar nada. Al final, les dieron la orden de dejarnos ir", relató Avelar, quien describe un trato muy diferente al que reciben youtubers o conocidos influencers y creadores de contenido.
Lo que podría parecer un incidente aislado se enmarca en un patrón más amplio de hostigamiento contra la prensa independiente en El Salvador. Avelar asegura que no es la primera vez que se ve amedrentada por el trabajo que hace como periodista de investigación.
“En agosto de 2021 me fotografiaron afuera de la casa de mi hermana. Un sujeto desconocido me fotografió y ocurrió dos días antes de que yo hiciera una publicación donde revelaba que el Ministro de Salud creó una clínica sin permisos durante la pandemia. Este no es un caso aislado. En todas las coberturas nos toman fotografías. Con frecuencia nos retienen los policías, nos piden que nos identifiquemos y nos siguen carros particulares”, añadió la periodista.
El fin de semana del pasado 17 y 18 de mayo, Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, fue arrestada arbitrariamente. La organización para la que trabaja ha documentado casos de tortura en el marco del régimen de excepción. "Ruth tiene una reputación internacional impecable, pero no les ha importado y la capturaron", denunció Avelar.
Según la periodista, la represión no es nueva, pero sí se ha intensificado. "En una ocasión tuve que salir del país por seguridad". La escalada, asegura, es evidente: "Ya no tienen filtros ni reparos. La Policía y la Fuerza Armada son las principales instituciones que bloquean nuestro trabajo".
Sergio Arauz, subjefe de redacción de El Faro y presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), coincide: "Hay una escalada autoritaria clara. En apenas dos semanas hemos visto la amenaza de órdenes de captura contra siete periodistas de El Faro, la detención de líderes comunitarios y ahora la de Ruth López".
Las acciones en contra de los periodistas de El Faro estarían motivadas por la publicación de unas entrevistas con dos cabecillas de pandillas que aseguraron haber negociado con el gobierno de Nayib Bukele la reducción de homicidios a cambio de beneficios.
La advertencia llegó desde el propio gobierno. "Teníamos información confiable desde adentro que hablaba de expedientes abiertos contra nuestros colegas, y el director de Inteligencia del Estado los acusó públicamente de formar parte de agrupaciones ilícitas", explicó Arauz. Ante ello, El Faro activó protocolos de seguridad y trasladó a varios periodistas a otros países.
Desde la APES también se interpuso una petición formal ante la Fiscalía (controlada por el oficialismo) para confirmar si existen procesos abiertos contra los comunicadores. "Sabemos que todos los poderes están cooptados, pero creemos importante que quede constancia de que hicimos lo que teníamos que hacer. No vamos a quedarnos callados", afirmó Arauz.
La detención de López es especialmente simbólica. Fue ella quien presentó una demanda ante la Sala de lo Constitucional en 2020 tras la entrada de militares a la Asamblea Legislativa, ordenada por Bukele. Su arresto se produjo tan solo dos días antes de la aprobación de una polémica Ley de Agentes Extranjeros, que impone un impuesto del 30% a todas las transacciones de las Organizaciones No Gubernamentales y a su vez, abre portillos para dictar con una sola orden qué organizaciones humanitarias o medios de comunicación independientes pueden trabajar o no en El Salvador.
La periodista asegura que en El Salvador ya no se garantiza la libertad de prensa. "Nos toman fotos en las coberturas, nos siguen en carros sin placas, y en cada viaje a campo activamos protocolos con monitores para denunciar cualquier incidente en tiempo real".
Aunque el panorama es cada vez más represivo, Arauz considera que se debe combatir con más periodismo y más documentación de los abusos. "No pueden silenciarnos con este tipo de amedrentamientos", finalizó.
Imagen cortesía de APES, del momento en que se interpuso la petición formal a Fiscalía.
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