Una serie de modificaciones legales obligan a periodistas salvadoreños a escoger entre dos caminos: “jugársela” y seguir investigando, o autocensurarse.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) teme por los reporteros de ese país y ya tomó medidas preventivas. Es por esto que un grupo de 10 periodistas salió de El Salvador para seguir investigando los temas relacionados a las pandillas, sin sufrir represalias o futuras acusaciones penales.
La ley que castiga con 15 años de cárcel a quien difunda informaciones sobre las pandillas en El Salvador, así como una serie de reformas legales, cimientan el camino para replicar el caso nicaragüense, en donde la dictadura de ese país ha encerrado a casi 200 opositores, entre ellos periodistas, activistas y políticos.
“Si bien, a la fecha no hay periodistas encarcelados. La APES ha actuado preventivamente. Les decimos que si van a publicar algo al respecto es que salgan”, relata Angélica Cárcamo, presidenta de la APES.
El gremio periodístico de ese país tomó nota del caso nicaragüense y se ha preparado mucho para estos escenarios, por medio de salidas preventivas y capacitaciones a abogados en temas de libertad de expresión.
De acuerdo con Cárcamo, el deterioro democrático de El Salvador va a un ritmo acelerado, como el que sucedió en Nicaragua “pero más rápido”.
Lo más reciente fue la aprobación por parte de los diputados de una normativa que le brinda más facultades a la Fiscalía para intervenir y escuchas las llamadas de los ciudadanos, así como un menor margen de maniobra a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
También se obliga a las empresas telefónicas a entregar a la Fiscalía datos o registros de llamadas y del "origen de cualquier otro tipo de comunicación electrónica”. Para la entrega de esta información no será necesaria una orden judicial.
Otra de las reformas que impacta a la APES es la obligatoriedad de tener un “oficial de cumplimiento”, es decir, un funcionario de la Fiscalía instalado y pagado en la asociación.
Gremio dividido
De acuerdo con Cárcamo, el gremio de periodistas está dividido. Los más experimentados del periodismo de investigación tienen una mejor red de articulación y no se intimidan por las presiones del gobierno salvadoreño, pero existe otro grupo que opta por la autocensura.
“Estamos en comunicación con periodistas de medios tradicionales que dicen que prefieren autocensurarse. Prefieren no publicar contenidos sobre pandillas. En el peor de los casos solo cubren la versión del gobierno, se convierten en replicadores del partido de gobierno. Muchos medios tradicionales de tele y radio abierta han optado por eso. El tema de la pauta gubernamental se ha convertido en un arma para amenazar a los periodistas. Hay gente de alto nivel del Poder Ejecutivo que ha amenazado con quitar las concesiones de radio y televisión”, explicó.
¿Qué tan grave es el deterioro?
En cuestión de pocos años, el partido del presidente Nayib Bukele ha tomado el control del Poder Ejecutivo, Legislativo y también Judicial. Solo el año pasado destituyó en pleno a los magistrados de la Sala Constitucional, así como al fiscal general.
Para esto, argumentó que los jueces emitieron veredictos en contra de decretos del Ministerio de Salud y esto obstaculizó el trabajo del Gobierno en medio de la pandemia. En el caso del fiscal, se le destituyó por supuestos cuestionamientos sobre su independencia y vinculación al partido opositor.
Controlados los tres poderes, ahora Bukele pone la mirada en el llamado popularmente “el cuarto poder”. El interés del oficialismo por controlar al periodismo se evidenció con un informe que reveló el espionaje a los teléfonos celulares de más de 35 periodistas y activistas salvadoreños por medio del software Pegasus.
“Este año hemos tenido cinco reformas legales que afectan a la labor periodística. En Nicaragua tomó más tiempo. El deterioro democrático ha sido muy grande. Probablemente, el tema de encarcelamiento a periodistas no va a ocurrir el próximo año porque al presidente no le conviene de cara a las elecciones”, comentó la presidenta de la APES.
El Salvador está bajo un régimen de excepción desde marzo de este año, donde se suspendieron todas las garantías constitucionales y se detuvo a unos 50.000 presuntos pandilleros.
Imagen de Esau González en Unsplash.