El periodismo ambiental es sujeto de acoso e intimidación en El Salvador de Nayib Bukele, un gobierno considerado en Latinoamérica como “modelo” por sus resultados en materia de seguridad, pero que a su vez persigue al periodismo que le cuestiona.
Ese es el caso de Carolina Amaya, periodista ambiental especializada en investigación. Su labor se volvió peligrosa cuando comenzó a investigar el lago de Coatepeque, un ecosistema que ha sido objeto de permisos de construcción opacos, vinculados a una empresa asociada a la familia del presidente salvadoreño. Desde 2020, el acoso ha sido constante; su vida personal y profesional se entrelazaron en un contexto de intimidación, donde su padre fue encarcelado bajo acusaciones infundadas en un intento de frenar su trabajo.
"El 28 de febrero de 2023, publicamos una investigación sobre la construcción ilegal en Coatepeque y esa misma noche, mi papá fue detenido bajo el régimen de excepción", recuerda Amaya. La periodista afirma que desde el año 2020 comenzó a sentir acoso de parte de la empresa que recibió estos permisos de manera opaca, en una zona destinada a la conservación ambiental.
Desde esa publicación, la empresa pidió rectificaciones para alegar que tenía permisos, e interpuso una denuncia en un juzgado de paz. Allí se programó una audiencia pese a que Carolina estaba fuera del país. “Ahora todo el sistema judicial está del lado de estas empresas que tienen intereses comunes con el gobierno”, agregó Amaya.
El acoso hacia Carolina se intensificó con visitas a las afueras del medio que ella fundó, MalaYerba. “Los pandilleros llegaban afuera de la casa, todo esto en un contexto de régimen de excepción, donde supuestamente ya no hay pandilleros”, comentó.
El hecho más grave fue la detención del padre de Carolina, Benjamín Amaya, quien se desempeñaba como campesino y defensor del derecho a la tierra en la finca Argentina. Amaya defendía la finca ante las amenazas de desalojo de representantes de una empresa de energía renovable.
Tras nueve meses en prisión y el pago de una fianza de US$10.000, Benjamín quedó en libertad el pasado 21 de diciembre, a la espera aún del sobreseimiento de su caso.
La intimidación a familiares de periodistas se está convirtiendo en algo común en El Salvador. Recientemente la Asociación de Periodistas de El Salvador denunció que la madre del periodista Ricardo Vaquerano sufrió intimidación y acoso policial, tras una investigación periodística en el medio Gato Encerrado, donde se denuncia a una red de policías vinculados con el asesinato de cientos de personas.
“A partir de esto (la detención de su padre) es que tomé la decisión de ya no vivir en El Salvador. No tengo orden de captura, pero en cualquier momento puede pasar otra cosa. Es una situación muy dolorosa, están fragmentando a mi familia y en el paso te destruyen emocionalmente porque pierdes todos tus arraigos. El acoso se ha vuelto virtual, físico y judicial. No es justo que sigamos trabajando en esas condiciones. Hay formas de hacer periodismo sin poner el cuerpo”, comentó Carolina, quien ahora reside en México.
Represión al periodismo
Bukele y su partido Nuevas Ideas tienen el control total de los tres poderes de la República. En 2021 dieron uno de sus golpes más importantes, al destituir a los cinco magistrados constitucionales, así como al fiscal general de la República. Esta movida les ha permitido las detenciones arbitrarias de opositores y periodistas incómodos para el Gobierno.
El gobierno de Bukele ha sido señalado por espiar a un grupo de periodistas por medio del software israelí Pegasus, luego de que una alerta de Apple les advirtiera a reporteros de medios como El Faro, Revista Factum y Gato Pardo.
Además, existe preocupación en el gremio periodístico luego de que se diera a conocer en septiembre unas grabaciones de conversaciones entre el exasesor de Seguridad Nacional del presidente Nayib Bukele Alejandro Muyshondt, y el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. En las grabaciones, se acordó la instalación de un centro de espionaje contra periodistas y opositores políticos llamado proyecto C815.
“Es casi como una guerra silenciosa que se está permeando con toda la propaganda que hace el Gobierno sobre el plan territorial. Estamos viendo un régimen que debió ser temporal pero ya se volvió una política de Estado. Estamos dejando atrás todos nuestros derechos para que haya seguridad en El Salvador. Las personas antes de decir ‘yo apoyo al presidente Bukele’ deberían conocer el caso desde los dos lados”, comentó Carolina.
En el último informe trimestral de agresiones dirigidas contra periodistas elaborado por la APES, se contabilizaron 50 casos solo entre marzo y mayo.
“Los funcionarios públicos y agentes del Estado fueron los principales agresores de la prensa durante este trimestre. Esto es sumamente preocupante, ya que sugiere que, en algunos casos, quienes deberían garantizar la seguridad de los periodistas se convierten en sus agresores. La presencia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de funcionarios públicos en general como perpetradores de estas acciones socava la confianza en las instituciones y debilita el Estado de derecho”, puntualizó el informe.
El estudio también encontró que muchas agresiones también vienen de parte de “youtubers” y usuarios anónimos en redes sociales, plataformas que, por la permisividad con el anonimato y los discursos de odio, son zonas propensas para este tipo de violencia.
Imagen del texto cortesía de Carolina Amaya.
Luis Fernando Cascante es periodista costarricense. Alumni de la Fundación Thomson Reuters y del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ). Exeditor del diario La República de Costa Rica y exreportero del Semanario Universidad. Colaborador de IJNet desde 2020.