Las primeras amenazas llegaron por Twitter. “Roberto, te estamos conociendo cada vez más a ti y a tu familia”. Aquellos mensajes intimidatorios provenían de cuentas anónimas que descargaban su ira contra el periodista venezolano Roberto Deniz, luego de que publicara su segundo reportaje en el portal Armando.info sobre la red de corrupción que venía tejiendo Alex Saab. Era septiembre de 2017 y la campaña de desprestigio apenas comenzaba.
El trabajo periodístico de Deniz resultaba demasiado incómodo para el gobierno de Nicolás Maduro. Sus revelaciones dejaban en evidencia sus relaciones con el empresario colombiano y la poca transparencia de sus negocios. Había que silenciarlo. “Ahí comenzaron con el acoso judicial”, cuenta. “Vino la demanda y preparaban medidas cautelares. Sabíamos que no sería un juicio justo y eso nos obligó a salir del país en enero de 2018”.
En el exilio, el periodista continuó con sus investigaciones. Develó que Saab no solo estaba implicado en la compra sobrevalorada de insumos para las casas prefabricadas de la Misión Vivienda, sino también en la importación de alimentos de baja calidad para las cajas CLAP (de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción) y otros negocios. Todo apuntaba a una trama de lavado de dinero y a un esquema de corrupción, que el gobierno intentó proteger usando cualquier artimaña.
“La tormenta ha sido permanente y uno no es consciente del desgaste emocional”, comenta. “Me debatí muchas veces entre tirar la toalla por salud mental o continuar por un tema de responsabilidad”. Al final, la verdad estuvo de su lado y Alex Saab terminó siendo aprehendido en Cabo Verde en marzo de 2021. Pero su detención, lejos de suponer una victoria, desató una guerra en su contra, que se acentúo cuando se confirmó la extradición del empresario a Estados Unidos.
La guerrilla comunicacional del gobierno posicionó en Twitter la etiqueta #DenizVendePatria como una antesala. El 15 de octubre de 2021, el Ministerio Público ordenó su detención por instigación al odio y allanó la residencia de su familia en Caracas, aún sabiendo que él estaba fuera del país. “Ese día sentí sobre mí todo el poder de las instituciones y del Estado”, confiesa. “Y me llegué a preguntar si todo esto vale la pena”.
Ser blanco de espionaje
De un momento a otro, el teléfono móvil de la periodista salvadoreña Julia Gavarrete comenzó a presentar fallas. Se apagaba. Le daba error. Al comienzo, pensó que había comprado un aparato defectuoso. Pero luego empezó a sospechar que aquellos hechos no eran aislados y que podrían ser indicios de que agentes del presidente Nayid Bukele le hacían seguimiento.
Más tarde, sus investigaciones lo confirmaron. El gobierno estaba detrás de las maniobras de espionaje a más de 35 periodistas y miembros de organizaciones civiles a través del software Pegasus. “Sentí cierto colapso mental. No solo por el hecho de que hubieran irrumpido en mi teléfono, sino por no saber qué información habían sacado y qué hicieron con ella”, comenta.
No era la primera vez que buscaban intimidarla. En julio de 2020, un desconocido se metió a su casa y hurtó su computadora, en momentos cuando ella investigaba las violaciones de derechos humanos durante la pandemia. “Esa madrugada sufrí el primer ataque de ansiedad. Tuve pesadillas. Soñé que entraban y me violaban. Recibí ayuda para reforzar la seguridad de mi inmueble y decidí a ir a terapias para superar la paranoia que te deja la invasión de tu intimidad”.
El gobierno le advirtió con quién se estaba metiendo. Ella pudo haber dado un paso atrás, pero nunca tuvo la intención de desistir. “Sentía que tenía el compromiso de develar un hecho que para muchos salvadoreños es difícil de comprender. Hasta entonces, solo había sospechas. Ninguna prueba contundente que posiblemente relacionara al gobierno con el espionaje”, explica Gavarrete.
La investigación sobre Pegasus resultó tan contundente que la administración de Bukele guardó silencio. Pero el gremio no deja de estar en alerta, porque el oficialismo está moviendo las piezas para criminalizar al periodismo. Está en puerta una reforma de la ley de acceso a la información y del código penal para legalizar el espionaje. “No dudamos que el amedrentamiento contra los periodistas va a escalar. Pero vamos a seguir resistiendo”, afirma Gavarrete.
“Lo más fácil es callar”
Han transcurrido más de cuatro años desde ese primer ataque contra Roberto Deniz y él continúa estando en la mira del gobierno, pese a tener medidas de protección por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Ha sido una situación muy estresante y exigente, porque cada vez le añaden un componente más. Pero siento que he hecho lo correcto. Esto es un asunto de responsabilidad. Lo más fácil era callar. Y lo que ha pasado ha demostrado que teníamos la razón”.
Sin embargo, no deja de ser cauteloso. Se mantiene en constante comunicación con sus editores y abogados. Sabe que cualquier paso en falso puede ponerlo en riesgo. “Quienes hacemos periodismo tenemos claro que la intimidación es una consecuencia de nuestro trabajo. Pero igual es muy frustrante, porque, frente a la violencia institucional los periodistas somos muy vulnerables”.
Imagen de Nijwam Swargiary en Unsplash.
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