Si el periodismo independiente es una herramienta fundamental para la construcción de democracias, que los reporteros tengan la posibilidad de acceder a información valiosa de los gobiernos también lo es.
Por eso es importante conocer qué tan desarrollado tienen las administraciones los conceptos de “acceso a la información pública” y de “transparencia”. En ese contexto cobra relevancia saber cuán sencillo es para los ciudadanos -y entre ellos los periodistas- el tomar contacto con datos significativos.
La investigación “Venciendo la cultura del secreto” presentada recientemente en Bolivia analizó los obstáculos en la implementación de políticas y normas de acceso a la información pública en siete países de América Latina.
En ella se demuestra que pese a que las naciones del continente y de El Caribe comenzaron en la década de los noventa a adoptar legislación tendiente a transparentar, la situación es dispar dependiendo del país.
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, México y Uruguay fueron analizados para el estudio, que fue realizado por el Centro de Acceso a la Información Pública (Cainfo) de Uruguay junto con otras organizaciones que integran la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información.
La investigación estuvo a cargo del periodista y director de Cainfo, Edison Lanza, junto con Silvana Fumega y Fabrizio Scrollini.
Resultados. El estudio concluye que cuatro de los siete países analizados tienen problemas para garantizar a sus ciudadanos el acceso a la información.
Por ejemplo, pese a que en Argentina el acceso a la información está incorporado como un derecho en la Constitución, el país no cuenta con una legislación que ampare a sus ciudadanos en ese derecho.
El país sí tiene un decreto que “regula los procesos de solicitud de acceso a la información pública sólo a nivel del Poder Ejecutivo Nacional” pero la investigación muestra “la ineficacia” a la hora de “garantizar” el derecho.
En Bolivia tampoco existe ley aunque sí un decreto del año 2005. Pero el 56% de las solicitudes que se realizaron para la investigación no fueron respondidas. Los autores consideran que “es imprescindible aprobar” una ley que contemple el derecho.
En Ecuador, los autores encontraron “confusión” y “falta de conocimiento por parte de los funcionarios públicos” de la ley que existe desde 2004 y que regulan el acceso a información.
Además, existe bajo cumplimiento de los plazos legales indicados por la ley para responder las solicitudes.
En Perú también existe una ley que regula el derecho, pero los ciudadanos peruanos “se encuentran en mayor desventaja” para hacer cumplir la legislación porque no existe ningún mecanismo en el que las personas puedan apelar.
México, en tanto, tiene una legislación que contempla el derecho y por la que fueron instaladas “Unidades de Enlace y Comités de Información en los sujetos obligados”. En el país también existe un “Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos”. De acuerdo a estadísticas, en 2010 se presentaron ante él más de 4.700 “recursos de inconformidad” contra diferentes dependencias del gobierno federal tras la negativa a entregar información, indican los autores.
Chile y Uruguay son dos países en los que los autores encontraron procesos más exitosos.
En el país andino existe una ley y una comisión que regulan el tema. Según los autores, la comisión exhibe una “práctica exitosa en la implementación de la ley”. De todas maneras, se indica que aún permanecen “resistencias a transparentar y difundir información”.
En el caso de Uruguay el cumplimiento de la ley que existe desde 2008 “es dispar entre los sujetos obligados”. De todas maneras, el establecimiento de un proceso judicial sumario denominado “Acción de Acceso a la Información” para realizar reclamos que “es muy eficiente”. “Los conflictos por el derecho de acceso a la información se resuelven en primera instancia en el orden de 15 días”, se indica en la investigación.