“Son los ciudadanos los dueños de la información pública y no el Estado, por lo cual acceder a ella no es una concesión discrecional de los gobiernos sino un imperativo normado”, dice el comunicado de Fopea (Foro de Periodismo Argentino) en septiembre pasado, al conocerse los cambios que el gobierno del presidente Javier Milei introdujo por decreto en la Ley de Acceso a la Información Pública. La norma dictada reglamenta siete artículos que, a través de nuevas interpretaciones, condiciona la consulta pública a información del Estado.
La ley de Acceso a la Información Pública en Argentina fue una construcción colectiva. Se gestó desde la sociedad civil organizada y se convirtió en ley en 2016. “La ley tal como estaba vigente era un avance significativo de transparencia y fortalecimiento democrático para el país. Y ahora este decreto socava un derecho fundamental en una democracia: la libertad de los ciudadanos para solicitar información pública que nos pertenece a todos”, expresa Amelia Corazza, directora ejecutiva de Fopea.
Cambio histórico
Antes que la ley fuera sancionada, sólo existía un decreto dictado por el entonces presidente argentino Néstor Kirchner. Y antes, en la década de los años ’90, la situación era aún más frágil: no había norma que contemplara mecanismos de cómo acceder a información pública. Sin ese marco normativo, el ABC del derecho a la información estaba denegado. Así lo explicaron las especialistas Agustina Novillo Astrada y María Barón en un trabajo publicado en 2002: “(…) en la Argentina no existe en el ámbito nacional una ley que garantice el derecho de acceder libremente a la información pública. Es decir que como argentinos todavía no contamos con un medio institucional claro para conocer en qué y cómo trabajan nuestros gobernantes y funcionarios públicos, ni así tampoco cuáles son los resultados de su labor”.
Fue recién a mediados de septiembre de 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, que el Congreso sancionó la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública. Su elaboración atravesó gobiernos con enfoques políticos muy diversos, pero todos acordaban en el ABC del derecho fundamental de acceso a la información, hasta que el gobierno de Javier Milei la alteró.
Un caso reciente muestra este cambio histórico y su impacto en la labor periodística. El Diario Perfil de Argentina, presentó el pasado 10 de septiembre un pedido de acceso a la información a Aerolíneas Argentinas, la línea de bandera estatal, para conocer los detalles de gastos en publicidad y propaganda durante el primer y segundo trimestre de 2024, ya durante el mandato de Milei. De acuerdo al diario, en un artículo publicado el 3 de octubre pasado, la no-respuesta llegó el 24 de septiembre. Las autoridades de Aerolíneas sostuvieron que la solicitud “constituye información comercial cuya revelación o divulgación podría perjudicar el nivel de competitividad o lesionar intereses de la compañía”.” Aclara, además, que la respuesta oficial se ampara en el artículo 8 del decreto 780/2024 que define qué información puede ser considerada “secreta”. Poder Ciudadano, una organización que actúa desde 1989 en defensa de los derechos cívicos en Argentina, está judicializando el caso.
Cambio político
En el decreto impulsado por el gobierno establece que la información pública incluye aspectos de interés relacionados con la actividad estatal y su supervisión, pero excluye, por su naturaleza, los datos que pertenecen al ámbito privado de los funcionarios o magistrados, especialmente en lo que respecta a la esfera doméstica. Según la ley que había sido aprobada en 2016, se consideraba "información pública" a cualquier dato en documentos, sin importar su formato, siempre que haya sido generado, controlado o custodiado por los sujetos obligados. Sin embargo, la nueva normativa especifica que no se considerará "información pública" a aquella información que contenga datos de carácter privado, a menos que haya un interés público “evidente”. En el pasado, la ley de acceso a la información ha sido fundamental para descubrir comportamientos inapropiados de las autoridades, contribuir a investigaciones judiciales y esclarecer las reuniones de funcionarios.
Muchas organizaciones alertaron sobre las trabas al ejercicio no sólo del periodismo sino a las restricciones del derecho a la información para la ciudadanía. Poder Ciudadano se manifestó sobre lo que ese retroceso significa. “Es clave entender, como se señaló en la pandemia, que la falta de acceso a la información pública tiene enormes consecuencias para la vida de las personas: a inicios de 2020, las primeras medidas de casi todos los gobiernos de la región —incluso Argentina— fueron restringir el acceso a la información pública, aduciendo temas de ‘urgencia de la gestión’. Eso impactó en los contratos de vacunas, por ejemplo. Desde Poder Ciudadano y Transparencia Internacional demostramos que urgencia y acceso a la información pública son aliadas y no enemigas; responder con información pública puede salvar vidas y, sobre todo, aporta legitimidad al comportamiento estatal”, dijo Karina Kalpschtrej, directora adjunta de Poder Ciudadano.
Cambio de clima y aumento de tensiones
Esta restricción de acceso a la información pública agrava el desentendimiento entre periodistas y el gobierno actual. La actitud de hostilidad y desdén de Milei hacia la prensa ha sido una constante. Un informe de Reporteros Sin Fronteras de 2023 muestra que, desde 2018, Milei ha arremetido en varias ocasiones contra periodistas, utilizando descalificaciones e inclusive, amenazas. Entre 2021 y 2023, durante su tiempo como diputado, se registraron más de 20 enfrentamientos con periodistas, según datos de ADEPA y Fopea. En países vecinos como Brasil, cuando estuvo bajo el mandato de Jair Bolsonaro el panorama era similar. En agosto de 2022, Reporteres Sem Fronteiras había registrado 2,8 millones de posts de ataques online con contenido ofensivo contra periodistas.
En toda América Latina, periodistas y organizaciones de la sociedad civil han defendido al acceso de la información pública como herramienta de trabajo. Tamoa Calzadilla, periodista venezolana con más de 21 años en investigación, ha denunciado en repetidas ocasiones las dificultades para obtener información pública, en un país donde las restricciones gubernamentales y la falta de transparencia ha ido in crescendo.
¿Cómo vive el periodismo argentino este momento y qué espera de aquí al futuro? “En Fopea vivimos una gran preocupación y estamos convencidos de la necesidad de trabajar en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil y otros actores para visibilizar el problema. Es muy difícil imaginar o predecir lo que pueda pasar. Mientras tanto, trabajamos duro para generar espacios de diálogo y formación”, concluye Corazza.
Imagen de Gustavo Sánchez en Unsplash.
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