A la periodista comunitaria Anastasia Mejía Tiriquiz, del departamento de Quiché (Guatemala), la acusaron de sedición y atentado con agravaciones específicas en septiembre de 2020. Como directora de la estación XolAbaj Radio y Xol Abaj TV, fue la única periodista que cubrió en vivo una quema de escritorios, sillas y papeles por parte de manifestantes frente al edificio municipal de la ciudad de Joyabaj, en plena pandemia por COVID-19. La Policía Nacional Civil la arrestó y Mejía estuvo presa sin un juicio previo por 37 días. Casi un año después la absolvieron de todos los cargos y pudo volver a ejercer el periodismo.
En Guatemala, el caso de criminalización de un periodista como Mejía no es único, pero sí paradigmático. Ella cumple con dos de las características por las que los periodistas son mayormente amenazados, agredidos o hasta criminalizados: ser mujer y vivir en un departamento que no sea Guatemala (centro). Así lo consigna el informe “Guatemala: Estado contra la prensa y la libertad de expresión” impulsado por las organizaciones Article 19, Centro Civitas y Artículo 35. Dicho informe, publicado en mayo de 2021, expone los elementos que obstaculizan el ejercicio libre y seguro de la prensa en el país.
La violencia contra los periodistas en Guatemala es histórica. Aún siguen impunes los asesinatos y las desapariciones de periodistas ejercidos por el Estado durante el conflicto armado interno (1960-1996). Durante los últimos tres gobiernos, el de Otto Pérez Molina, el de Jimmy Morales, y el del actual presidente Alejandro Giammattei (2020), los delitos más recurrentes contra la prensa fueron las amenazas y las coacciones. Sin embargo, a lo largo del 2020-21 los especialistas han visto con preocupación la criminalización de periodistas, como son los casos de Mejía o Sonny Figueroa.
Para Ana Carolina Alpirez, periodista con más de 30 años de experiencia y coordinadora del medio digital Ojoconmipisto, “las acusaciones contra periodistas (por parte del gobierno u otros) pueden ser falsas, pero el juicio es verdadero. Te lleva recursos, tiempo, abogado, dinero, y no siempre los tenemos. Hay instituciones que apoyan estos casos, pero no se pueden hacer cargo de todos. El mensaje es si a este periodista le hacen esto, a otro periodista le pueden hacer lo mismo”. Ella misma fue demandada por personas que se vieron “afectadas” por lo que publicó su periódico; su caso fue a tribunales y se archivó: “Siento que para el sistema judicial esto es una confusión, tampoco se termina de entender ¿qué es la libertad de prensa? ¿Cómo se procesan estos casos? Hace falta formación en ese espacio”.
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Si bien la criminalización de periodistas estuvo presente, por lo menos, en los tres últimos gobiernos guatemaltecos, ahora se está aplicando en un contexto de pandemia que trajo cierre de plazas en medios de comunicación, crisis económica y más precariedad laboral a la ya existente para la prensa. Una vez que se instauró el estado de alarma, el mismo presidente Giammattei roció a los periodistas presentes en una visita oficial al Congreso con un spray bactericida, y dijo: “Este es mi spray antiperiodistas”.
Diana Fuentes, corresponsal de Radio Francia Internacional en Guatemala, cuenta que con el comienzo de la pandemia fue muy difícil ingresar a las comunidades a reportear, pero que sí le llegaban a través de redes sociales “audios contando la tensión entre la comunidad y la policía”. “El conflicto social empeoró muy rápidamente”, asegura, y agrega: “a pesar de eso los periodistas salíamos a reportear igual, no dejamos de informar en ningún momento. Empezamos a generar un flujo de información muy fuerte que contradecía lo que el gobierno decía. Cuando el gobierno decía ´quédense en casa´, mostrábamos a la gente haciendo cola en el parque para que les den un plato de comida. Eso el gobierno no lo mostraba, tampoco sus medios afines”.
Así fue como el gobierno de Giammattei comenzó una “campaña” para difundir que los periodistas son “mentirosos” y que están “mal informados”. “Eso a la población le empezó a calar. Hubo varios periodistas comunitarios que fueron muy golpeados en las marchas. Las veces que fui a reportear a las marchas tuve que salir con casco y protector para las bombas de gas. No solo la policía te atacaba, sino que la gente estaba con ira y te podían pegar. Estamos más vulnerables que nunca”, explica Fuentes. A eso se le suma el “cierre de las fuentes informativas, la exclusión de periodistas de chats informativos por parte del gobierno”, y la ausencia de conferencias de prensa por parte del presidente.
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Las periodistas coinciden que la criminalización y el contexto hostil que enfrentan en Guatemala genera “cansancio”; “incertidumbre” sobre quién será la próxima víctima; y “miedo a que involucren a la familia o el círculo cercano” de los periodistas. Lo que impacta directamente “en la sociedad guatemalteca, porque está siendo violado su derecho a ser informada y a informar”, dice Evelyn Blanck, periodista y fundadora del Centro Civitas. Por eso, Blanck recuerda el pasado 30 de noviembre, día del Periodista en Guatemala, en el que un grupo de periodistas hizo un “plantón pacífico” frente a la casa presidencial a través de la consigna “No nos callarán”.
Para ese momento la Asociación de Periodistas de Guatemala hacía público un informe con el estado de situación de la libertad de expresión 2021 en el país. Allí se contabilizan 265 ataques a periodistas durante el gobierno de Giammattei, y se resalta: “la mayoría de estos actos estuvieron relacionados con la cobertura de temas vinculados al COVID-19 o a restricciones por la pandemia”. A pesar de que en el 2021 “la mayoría de restricciones se levantaron, autoridades locales y del sistema judicial continuaron esgrimiendo este argumento para evitar la presencia de reporteros”.
Imagen de Shalom de León en Unsplash.
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