El pasado miércoles 12 de marzo, mientras cubría una protesta por mejoras en las jubilaciones, el fotoperiodista independiente Pablo Grillo, de 35 años, fue alcanzado por una cápsula de gas lacrimógeno frente al Congreso Nacional. El disparo, propiciado por un agente de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), fue recto y directo a la cabeza.
Gracias a colectivos como Mapa de la Policía, se logró desmentir el discurso de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien aseguraba que los proyectiles fueron disparados en un ángulo de 45 grados (según indica el protocolo).
“El disparo fue irregular a todas las normativas y criterios de utilización de las pistolas lanza gases”, señala Agustina Lloret, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Los principios del uso de fuerza establecen que este tipo de proyectiles tienen que dispararse en circunstancias excepcionales (...) porque al entrar en contacto con una persona, tiene la capacidad absoluta de matar”.
La cruzada contra fotógrafos tiene antecedentes dolorosos en la historia argentina: el asesinato de José Luis Cabezas en 1997 y, recientemente, en 2023, el caso de Facundo Morales. Este último, militante y fotógrafo, perdió la vida a manos de un operativo policial frente al Obelisco. Desde la llegada al poder del presidente Javier Milei en diciembre de 2023, la hostilidad hacia la prensa se convirtió en política de Estado, con especial foco en los reporteros gráficos.
Durante sus intervenciones —tanto en escenarios nacionales como internacionales—, el presidente ha catalogado a trabajadores de la prensa como “mentirosos” y “delincuentes del micrófono”. Incluso ha amenazado con “llevar ante la Justicia” a quienes difamen sus afirmaciones. La violencia contra quienes ejercen la profesión, ha excedido el plano discursivo y tomado cuerpo en leyes, despidos masivos y congelamientos salariales.
La agencia pública Télam, con más de 800 empleados, fue clausurada en julio de 2024. Casi un año después, mediante la resolución 1319, el oficialismo restringió el acceso de periodistas a la Casa de Gobierno con un "derecho de admisión" ambiguo y cupos reducidos.
Existen casos más específicos, como el despido del fotógrafo Kaloian Santos de la Secretaría de Cultura, quien tomó las imágenes que permitieron identificar al gendarme que hirió a Grillo. O el intento de hackeo al periodista del periódico La Nación Hugo Alconada Mon, quien había revelado un plan de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) para reunir información sobre “actores” que pudieran “erosionar” la confianza en funcionarios del gobierno.
Un hito en esta arremetida contra la prensa ha sido la aprobación en diciembre de 2023 del Protocolo Antipiquetes, que permite la intervención de las cuatro fuerzas federales ante cortes o bloqueos, y sin necesidad de orden judicial.
Las primeras consecuencias de esta reglamentación fueron documentadas en febrero de 2024, durante las manifestaciones contra la Ley Ómnibus: un proyecto con más de 600 artículos que buscaba reformar la economía argentina y reducir el papel del Estado.
En menos de una semana, una treintena de fotoperiodistas resultaron heridos mientras realizaban tareas de cobertura. Las fuerzas dispararon gases y balas de goma directamente a cámaras y rostros. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunció que los ataques fueron deliberados, en un contexto de ajuste y también de desmantelamiento de medios públicos.
El protocolo, que ampara el uso desmedido de las fuerzas policiales, ha sido objeto de múltiples denuncias. Especialmente, durante las protestas de jubilados que se realizan cada miércoles frente al Congreso. Personas de la tercera edad y reporteros gráficos se han convertido en objetos de caza. El pasado 21 de mayo, entre los detenidos figuraban dos fotoperiodistas.
De acuerdo con el informe del Foro de Periodismo Argentino, en el primer año de presidencia de Milei se registraron 179 agresiones a periodistas en 2024,y el 52,5% de ellas fueron perpetradas por el poder político.
La estigmatización impulsada por el presidente, el desmantelamiento de medios públicos y el uso de la publicidad estatal como arma política llevaron a que, en menos de dos años, Argentina cayera 47 puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Actualmente, el país se encuentra en el ranking número 87, junto a otras naciones con “problemas significativos” en materia de libertad de prensa.
“Me parece insólito que los grupos de WhatsApp de fotógrafos argentinos estén repletos de mensajes de colegas buscando máscaras antigás y cascos; en lugar de lentes y cámaras”, expresa el reportero Kaloian Santos. “Vamos a cubrir una marcha pacífica [como la de jubilados] como si fuera un conflicto de guerra”.
Fotografías de Daniella Fernández.
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