El desplazamiento forzado interno es una de las violencias extremas que sufren las mujeres periodistas en México. De un día para el otro lo dejan todo: el trabajo, la casa, el entorno familiar, la red de contactos, las pertenencias y hasta la identidad con la que vivieron hasta ese momento. Este es un fenómeno que de a poco se va sistematizando, como revela la investigación Dejar todo, un “diagnóstico sobre mujeres periodistas en situación de desplazamiento forzado interno en México y de las obligaciones del Estado en materia de atención, prevención y protección”, presentado en septiembre de 2022.
La organización mexicana Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) es la responsable de la investigación. Su coordinadora general, Lucía Lagunes Huerta, cuenta que desde hace 15 años acompañan de forma integral a mujeres periodistas que sufren violencias a raíz del ejercicio de la profesión. Si bien en México no existe un registro oficial de periodistas que han tenido que desplazarse a otra entidad federativa a causa de la violencia, para 2015 el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) reconocía por primera vez el fenómeno y le ponía una cifra a nivel país: seis de cada 100 mexicanos dejaron su estado por razones de inseguridad pública y violencia.
Justamente, CIMAC asegura que este fenómeno se ha incrementado en los últimos años, y que durante el sexenio de Peña Nieto es donde se recrudece para las mujeres periodistas. La organización está en contacto con 23 mujeres que se encuentran en esa situación y que fueron convocadas en el 2021 para el Primer Encuentro de Mujeres Periodistas en Situación de Desplazamiento Forzado Interno. A partir de esta experiencia elaboraron el diagnóstico. “Creemos que es muy importante que se encuentren para poder darle un sentido distinto al desplazamiento. Las mujeres vivimos un continuum de violencia por ser mujeres y por la tarea periodística que realizamos. Esa violencia es producto de un contexto social y político en el cual estamos desarrollando el trabajo periodístico, lo que nos convierte en víctimas de la violencia del Estado”, dice Lagunes Huerta.
Para ella, una de las características que comparten las mujeres periodistas que están en situación de desplazamiento forzado es que viven alejadas de las ciudades. Por eso dice: “México tiene una concentración de población muy alta en las ciudades grandes. Cuanto más lejos estés de ese centro neurálgico, más frágil es la democracia. Allí los actores políticos están más acostumbrados al autoritarismo, y no les gusta ser colocados en el escaparate público para ser cuestionados”.
En las ciudades pequeñas es muy fácil saber dónde vive la periodista y a qué escuela van sus hijos. Allí la violencia es “muy cercana”, y va “cerrándose cada vez más”. “Empieza con advertencias, después vienen las amenazas directas, los incidentes, la vigilancia, la policía rondando tu casa. Hasta que te das cuenta que lo siguiente que te puede pasar es que te maten”, explica la coordinadora de CIMAC. Todo esto en un contexto de violencia criminal estructural en la que se encuentra el país.
Otra de las características que reúnen las periodistas amenazadas es que principalmente cubren hechos de corrupción, o violencia contra las mujeres y violaciones a los derechos humanos. Lo que, al parecer de Lagunes Huerta, “evidencia el contexto político de persecución que se vive en México”.
Algunas de las periodistas que fueron representadas en el diagnóstico de CIMAC tuvieron que salir de su ciudad con la familia y lo que llevaban puesto. Lagunes Huerta da un ejemplo: “Una de ellas vivía en un estado muy violento. Y cuando el agresor es demasiado fuerte, no puedes esperar a hacer tres maletas. Ella salió y punto; en el camino fue pensando cómo seguir”. En otros casos sí tienen la posibilidad de salir con una maleta. Pero para la coordinadora de CIMAC eso no es lo importante, sino la “afectación que hay en ellas y su familia”. “Sus hijos pierden el ciclo escolar. Están vulnerables; ellas pierden el salario, la autonomía. Todo lo que tienes lo pierdes”, describió Lagunes Huerta.
Además, rehacer la vida en una nueva ciudad no es nada fácil. Principalmente para las mujeres de comunidades indígenas o racializadas, que tienen que enfrentarse al racismo y la exclusión de las grandes ciudades. “Hay una crisis muy fuerte de las compañeras. Primero, de identidad. Ya no trabajan en periodismo, ya no tienen ese ritmo de vida ni el reconocimiento que tenían en su comunidad”, explica Lagunes Huerta. Según dice, el Mecanismo de Protección para periodistas “les da una casa, alimentos y conexión a internet, pero nada más”. “Imagínate que hoy dejas de ser quien eres, eso las lleva a estados de depresión muy fuertes. Son procesos que las autoridades responsables no acompañan ni entienden. No piensan en la salud emocional de la periodista y su familia. Tampoco hay un programa para que puedan desarrollarse laboralmente en otro lugar”, describió.
Uno de los efectos que tiene la violencia en la vida de las mujeres es la culpa. Ellas se sienten culpables por haber colocado a su familia en riesgo, lo cual es una narrativa muy fuerte que tienen que deconstruir. “La labor de las periodistas es muy importante y tendría que estar salvaguardada. Es un derecho humano ejercer la libertad de expresión, pero hay un contexto social y político que está siendo usado para que el periodismo deje de investigar”, explica Lagunes Huerta. Para ella, las mujeres violentadas tienen la característica de que “son reconocidas por el gremio: son referentes”. La estrategia entonces es la de “pegarle al referente para mandar el mensaje”: “‘si esto le hicieron a ellas, ¿qué me pueden hacer a mí?’”.
Imagen de Matt Hanns Schroeter en Unsplash.
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