El periodismo es una herramienta esencial para la democracia. Y, como elemento fiscalizador, ha sido identificado por los gobiernos autocráticos, por el crimen organizado y por todo aquel que detente poder en una sociedad (y que se aproveche de ese poder para beneficio propio) como un enemigo a censurar o callar.
Trabajar en un contexto hostil requiere de la realización de una evaluación de riesgos, que dará al periodista un panorama más amplio de las amenazas a las que se enfrenta. Esta debe ser sistemática y adaptada a las circunstancias de cada persona.
Un buen punto de partida para evaluar la situación de seguridad que vamos a enfrentar es la plantilla facilitada por el Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), que enmarca elementos como la identificación de sujetos hostiles, donde se lista detalladamente a aquellas personas y organizaciones bajo cuya vigilancia estará el periodista; y un tratamiento específico de los riesgos asociados al cumplimiento de su trabajo.
Otra medida, incluida en varios manuales, es la sistematización de contactos adicionales que podrían asistir al periodista en el caso de un incidente de seguridad, como la pérdida de contacto con el equipo en medio de una cobertura riesgosa. Estos pueden incluir contactos relevantes en embajadas, Naciones Unidas, personal humanitario, ONG locales, funcionarios amigos locales y autoridades competentes. La lista debe ser accesible para todos los miembros de la redacción.
La cobertura sobre el terreno requiere de una preparación minuciosa, con la creación de itinerarios rigurosos, con horarios establecidos para comunicarse con alguien en la redacción, que dará la pauta de que el periodista está bien. Que no ocurra dicho intercambio hará sonar las alarmas para iniciar un protocolo de búsqueda, a través de los aliados. El Manual de seguridad para periodistas” de la UNESCO y Reporteros Sin Fronteras también señala la necesidad de no realizar coberturas en solitario, sino contar siempre con la compañía de un compañero y otros miembros del equipo.
La seguridad también tiene que ver con el orden de las fuentes que se consultan: hay que dejar hasta lo último a aquellas personas que nos parezcan más relacionadas con los sujetos investigados y que, en el peor de los escenarios, pueden alertarlos sobre el tema de las pesquisas antes de conseguir la información más valiosa.
En el caso de periodistas visuales en específico, es necesario realizar un énfasis en elementos de seguridad física en escenarios potencialmente riesgosos, como una manifestación violenta. La Guía de seguridad para periodistas audiovisuales, de Artículo 19 y World Press Photo, aconseja contar con un conocimiento amplio de la locación en la que se da el hecho, y optar por uno que permita ubicar las rutas de salida más rápidas en caso de que la situación se complique o que, en contextos autoritarios, las mismas fuerzas del orden decidan agredir a los periodistas.
Blindar la información
Uno de los riesgos más comunes al que se enfrentan los periodistas que tocan las fibras sensibles del poder es el de una demanda judicial. Y una de las maneras para gestionarlo es el de un correcto y meticuloso proceso de verificación o fact checking que, aparte de darle contundencia a las publicaciones, evitará que el señalado pueda tomar alguna represalia contra el medio o el periodista.
El Proyecto de Reporteo de Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés) cuenta con uno de los procesos de fact checking más demandantes, que puede extenderse por un día o por un mes, pues un equipo que no conoce personalmente al periodista, revisa dato a dato. Un sistema que se ha vuelto esencial para una organización que, cada año, publica más de 100 investigaciones.
“Durante el tiempo que dura, los fact checkers no son los amigos del periodista. Pero de esta lucha nace algo mucho mejor y sin riesgos”, comenta Paul Radú, fundador de la organización, que gracias a este intenso proceso ha podido sortear los riesgos de publicar investigaciones sobre lugares con gobiernos tan autoritarios como los de Azerbaiyán o Turkmenistán. La organización brinda apoyo gratuito en este proceso, y en el de búsqueda de información específica, a periodistas de todo el mundo a través del OCCRP ID.
En un mundo ideal, asegurarse de que cada dato que se publica está contrastado debería bastar para desaparecer cualquier riesgo de acabar en un tribunal. Pero este no lo es. Eso lo ha comprobado la periodista peruana Paola Ugaz, quien tras la publicación del libro “Mitad monjes, mitad soldados”, escrito junto a Pedro Salinas, ha sido demandada en múltiples ocasiones por la organización a la que en este trabajo señaló por perpetrar un sistema de encubrimiento de abusos sexuales en menores de edad: el Sodalicio de Vida Cristiana.
Así, ha tenido que enfrentar demandas directas de la entidad y de sus miembros destacados, así como de personajes cercanos a la misma, con nexos con el poder político de Perú. Pero no solo eso: Ugaz también ha sido incluida en un caso de lavado de activos, que forma parte de la trama de Lava Jato. El proceso contra la periodista, sin embargo, se ha basado en mentiras y, según la comunicadora, forma parte de las presiones en su contra desde El Sodalicio. Ahora debe dedicar tres días a la semana para ver, junto a sus abogados, lo relativo a estos procesos.
La experiencia, sin embargo, le ha dejado importantes lecciones, como la convicción de que es posible crear una red de apoyo junto a organizaciones de la sociedad civil, a escala nacional e internacional, que le permitan a un periodista independiente navegar contra una organización de tanto poder. Eso le ha posibilitado seguir investigando sobre otra rama de El Sodalicio, su estructura financiera.
“Lo importante es seguir trabajando, y responder con más y mejor periodismo”, asegura.
Imagen de Frans de Wit en Flickr.