Un grupo de manifestantes impidió la distribución de la edición dominical del diario argentino Clarín el pasado 27 de marzo, pero cientos de miles de lectores del periódico accedieron igualmente al contenido por medio de Internet.
Los alrededor de 600.000 ejemplares que, según el Instituto Verificador de Circulaciones, vende Clarín cada domingo nunca llegaron a destino cuando decenas de personas presuntamente vinculadas a una empresa gráfica del Grupo Clarín no permitieron que los camiones encargados de la distribución del diario salieran de la planta impresora del barrio de Barracas, en Buenos Aires.
El bloqueo, que supuestamente se organizó para reclamar la reincorporación de empleados despedidos de dicha empresa gráfica, se extendió durante aproximadamente 12 horas y se reprodujo, en menor medida, en una planta vecina desde donde sale el reparto del diario La Nación. Aunque la distribución de ese matutino se vio parcialmente afectada, después de aproximadamente dos horas se reanudó.
Más allá de las connotaciones políticas del hecho, que representa inexpugnablemente un ataque contra la libertad de prensa porque las autoridades no intervinieron para detener el bloqueo y permitir que mucha gente se informara como corresponde, los lectores pudieron acceder al contenido digital de Clarín y establecieron un record.
Según el diario, el 27 de marzo recibieron alrededor de 945.000 visitas únicas, 250.000 más de lo habitual. Además, unos 759.000 usuarios descargaron en formato PDF la edición dominical. En Argentina hay aproximadamente 4,6 millones de hogares que tienen acceso a Internet, según cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Estos datos son promisorios, pero no reducen la gravedad de lo ocurrido. Los medios impresos siguen siendo esenciales para informar a millones de ciudadanos que todavía no tienen acceso a la red.
Sin embargo, es un aliciente saber que cuando la libertad de prensa sufre esta clase de atropellos, Internet y el periodismo digital se tornan clave para que parte del público pueda seguir tomando decisiones elementales, participe del proceso democrático y tenga herramientas para exigir transparencia y rendición de cuentas a las autoridades.
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