Azael Carvajal Martínez, de Medellín, Colombia. Nuestra Constitución Política, que es muy reciente, de 1991, dispone en su artículo 74, inciso segundo, que el sigilo profesional es inviolable. Esta garantía general, la entendemos los periodistas que nos protege para la reserva o guarda de las fuentes. Sin embargo, no tenemos leyes protectoras. La actual, que es la 1016 de 2006, se promulgó con meros propósitos declarativos. Por tanto, consideramos que carece de fuerza vinculante y de eficacia jurídica. Además, tenemos una confusión tanto legislativa como judicial -nos referimos a los fallos de la Corte Constitucional-, pues, en ambos casos, se cree que el ejercicio de la libertad de expresión es igual al periodismo, para concluir que todo el mundo es periodista. En consecuencia, estamos urgidos de una verdadera ley protectora para los periodistas, de tal manera que nuestro trabajo tenga una especie de "escudo". Sin embargo, no nos bastaría con esa ley, pues, es necesario practicar los valores éticos de nuestra profesión para no creer que el sigilo profesional es una patente de corso que nos permite violar derechos ajenos sin que nos puedan enjuiciar por tal conducta. Sólo un equilibrio jurídico-ético que conduzca a una verdadera responsabilidad profesional será la garantía para el ejercicio de nuestro trabajo, que es tan necesario, trascendental y urgente en los momentos que vivimos en Colombia para hacerle frente a la grave situación social que soportamos.